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LA APROBACIÓN EN el Senado de la reforma a la Ley de Amparo ha encendido las alertas en el sector empresarial mexicano.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha sido clara: esta reforma representa un retroceso en materia de justicia constitucional y pone en riesgo la certeza jurídica, la inversión y el empleo en el país.
El juicio de amparo ha sido históricamente una herramienta que permite a ciudadanos y empresas defenderse frente a abusos de autoridad.
Desde una papelería hasta una empresa de tecnología, el amparo ha sido el escudo legal que garantiza que ninguna autoridad esté por encima de la ley.
Modificarlo sin un análisis técnico profundo y sin escuchar a la sociedad civil, la academia y el sector productivo, es debilitar los cimientos de un edificio en plena tormenta.
Uno de los puntos más críticos de la reforma es la rigidez en la suspensión del acto reclamado.
En términos prácticos, esto significa que si un negocio enfrenta el bloqueo de sus cuentas bancarias o un crédito fiscal, deberá esperar hasta que concluya el juicio para revertirlo.
¿El resultado? Cierres de empresas, pérdida de empleos y afectaciones directas a miles de familias mexicanas.
Entre diciembre de 2018 y agosto de 2025 se presentaron más de 3 mil 600 demandas de amparo contra bloqueos de cuentas ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Gracias a las suspensiones definitivas, se desbloquearon más de 27 mil millones de pesos, y en sentencias finales, otros 32 mil millones de pesos. Sin estas medidas cautelares, muchas empresas habrían colapsado.
Además, la reforma limita las formas de garantizar créditos, exigiendo depósitos en efectivo o cartas de crédito, lo que excluye a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) que no tienen liquidez inmediata.
En México existen más de 4 millones de MiPyMEs, responsables de más de 70% del empleo formal. Esta medida es, sencillamente, excluyente.
Otro aspecto preocupante es la aplicación retroactiva de la reforma. Esto afectaría incluso a juicios en curso, rompiendo con el principio de certeza jurídica.
Para cualquier inversionista, nacional o extranjero, esta señal es clara: México podría cambiar las reglas del juego en medio del partido.
La reforma incluye avances, como sanciones a autoridades que incumplan sentencias y el reconocimiento del interés legítimo colectivo.
Pero estos avances no compensan los riesgos que persisten. La cláusula de “imposibilidad jurídica o material” para justificar el incumplimiento de sentencias es tan abierta que podría convertirse en una excusa institucionalizada.
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