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El contrato de Pemex con OPP Servicios Petroleros se encuentra en el centro de una controversia luego de que una denuncia interna señalara que la empresa continuó realizando trabajos operativos para Petróleos Mexicanos (Pemex) pese a la suspensión formal del acuerdo que regulaba dichos servicios.
De acuerdo con documentos que circulan al interior de la petrolera estatal, el contrato identificado con el número 641009826, adjudicado en septiembre de 2019 para trabajos de operaciones convencionales con equipo de tubería flexible en pozos petroleros de Pemex Exploración y Producción (PEP), habría experimentado múltiples ampliaciones tanto en su monto económico como en su vigencia.
La denuncia advierte que, aun después de la suspensión oficial del contrato en junio de 2026, se habrían seguido ejecutando actividades en instalaciones estratégicas del proyecto Quesqui, lo que podría derivar en cuestionamientos administrativos, presupuestales y jurídicos.
Un contrato que pasó de 113 millones a más de 3 mil millones de pesos
Según la documentación referida en la denuncia, el contrato original fue otorgado por aproximadamente 113 millones de pesos y contemplaba una vigencia inicial hasta mayo de 2021.
Sin embargo, mediante diversos convenios modificatorios, el acuerdo habría incrementado su valor hasta alcanzar alrededor de 3 mil 245 millones de pesos, además de extender su periodo de ejecución hasta junio de 2026.
De confirmarse estas cifras, el contrato habría registrado un crecimiento significativo respecto a las condiciones originalmente pactadas, tanto en monto como en duración.
La ampliación de contratos en proyectos petroleros no es un fenómeno inusual dentro de la industria energética, especialmente cuando existen cambios operativos o nuevas necesidades de producción. Sin embargo, las modificaciones de gran magnitud suelen atraer la atención de órganos de control y auditoría por su impacto en el uso de recursos públicos.
La suspensión del contrato
La denuncia señala que el contrato fue suspendido mediante un oficio emitido el 17 de junio de 2026, con efectos a partir del 22 de junio del mismo año.
Paralelamente, otro documento administrativo emitido por la Subdirección de Extracción Región Terrestre Sur habría recordado la obligación de no iniciar ni ejecutar trabajos sin contratos vigentes, disponibilidad presupuestal o autorizaciones administrativas correspondientes.
De acuerdo con los señalamientos presentados, estas disposiciones serían relevantes para determinar si las actividades posteriores a la suspensión contaron con el sustento jurídico necesario.
Presuntas operaciones posteriores a la suspensión
El principal señalamiento de la denuncia consiste en que OPP Servicios Petroleros habría continuado realizando actividades en instalaciones relacionadas con el campo Quesqui, uno de los proyectos de producción más relevantes para Pemex en los últimos años.
Entre los puntos mencionados se encuentran diversos cabezales y pozos del complejo, donde presuntamente se habrían mantenido trabajos operativos aun después de la fecha de suspensión del contrato.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento público de Pemex respecto a estas acusaciones ni sobre el supuesto mecanismo utilizado para sustentar la continuidad de los servicios.
Posibles implicaciones financieras
Uno de los aspectos que más preocupación genera dentro de la denuncia es la existencia de presuntos adeudos acumulados por servicios ejecutados después de la suspensión contractual.
El documento asegura que dichos trabajos podrían haber generado compromisos económicos cercanos a los 10 millones de dólares.
De confirmarse esta situación, Pemex tendría que aclarar bajo qué figura administrativa y presupuestal se reconocerían los servicios prestados, así como el procedimiento utilizado para su eventual pago.
Para una empresa productiva del Estado que enfrenta importantes desafíos financieros y operativos, este tipo de situaciones suelen ser observadas con especial atención por auditores, reguladores y organismos de fiscalización.
Un tema sensible para Pemex
La controversia surge en un momento en el que Pemex continúa bajo presión para mejorar sus resultados financieros, fortalecer sus mecanismos de control interno y aumentar la eficiencia de sus procesos de contratación.
La petrolera enfrenta el reto de mantener e incrementar la producción de hidrocarburos mientras optimiza el uso de recursos públicos y garantiza el cumplimiento de la normatividad vigente.
Cualquier investigación relacionada con contratos de alto valor puede tener implicaciones tanto administrativas como reputacionales para la empresa.
Lo que sigue
Hasta ahora, los señalamientos contenidos en la denuncia representan acusaciones que deberán ser analizadas por las instancias competentes para determinar si existieron o no irregularidades.
Será responsabilidad de los órganos internos de control, áreas jurídicas y autoridades correspondientes revisar la documentación, verificar los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en los proyectos estratégicos de la industria energética mexicana, particularmente en contratos relacionados con exploración y producción de hidrocarburos.
Nada de esto hubiera sido posible sin el conocimiento de los responsables de Pemex en el proyecto: Ing. Alfredo Rayón Casiano (Coordinador de la GMIP), el Residente del Contrato (Ing. Antonio Otero Yáñez) ya que se sienten protegidos y respaldados por el ex-Director de Pemex y ahora asesor de la Dirección General Ángel Cid Munguía, así como por Jorge Alberto Arévalo Villagrán, Titular de la Unidad Técnica de Extracción de Hidrocarburos.
