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EL CONFLICTO EN Medio Oriente y la tensión alrededor del Estrecho de Ormuz volvieron a colocar al petróleo como la pieza de un rompecabezas que puede afectar a muchos. El alza en los precios del crudo suele ser una buena noticia para los países productores, para México, en cambio, llegó en el peor momento posible.
Para los analistas de Banamex, Pemex no está en condiciones de capitalizar un entorno de precios altos porque produce y exporta mucho menos que hace apenas una década. Hoy el país vende al exterior poco más de 500 mil barriles diarios, muy lejos de los 1.5 o 1.7 millones que exportaba en sus mejores años recientes. Por lo que el beneficio potencial del encarecimiento del crudo se diluye.
A eso se suma otro factor que termina por voltear la ecuación fiscal. Para evitar que el incremento internacional del petróleo se traslade al precio de la gasolina, el gobierno recurre a la reducción del IEPS.
Cada dólar adicional en el precio del barril exige más recursos fiscales para contener el impacto en el consumidor. Según la división de Estudios Económicos, que dirige Sergio Kurczyn, el balance final bajo un Brent de 80 dólares arroja un déficit adicional cercano a 22 mil millones de pesos. Esto no descuadra las finanzas públicas, pero sí presiona un contexto ya de por sí estrecho.
En este momento, exportar más crudo sería negocio. Sin embargo, la petrolera que dirige Víctor Rodríguez no puede hacerlo. La estrategia de privilegiar la refinación interna, aun con refinerías que siguen enfrentando problemas de eficiencia, limita la flexibilidad operativa justo cuando el mercado internacional abre una ventana de oportunidad, al final, cambiar esa realidad no es algo que pueda resolverse en meses.
Pero el problema va más allá del conflicto bélico o de la volatilidad del mercado energético. Como señaló el equipo del banco dirigido por Manuel Romo, Pemex arrastra desde hace décadas fallas estructurales que ningún choque externo corrige por sí solo. Endeudamiento elevado, baja inversión productiva, declive en campos maduros y decisiones de política pública que priorizan objetivos políticos sobre rentabilidad forman parte de una misma historia.
El episodio actual exhibe con mayor claridad un panorama en el que México sigue dependiendo del petróleo, pero su petrolera llega tarde cuando el mercado vuelve a sonreírle al crudo. Y mientras no se resuelva esa contradicción, los repuntes internacionales seguirán siendo oportunidades que pasan de largo.
ROBERTO LAZZERI, TITULAR de Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, fue nombrado como vicepresidente de Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), lo que refuerza la presencia de México en los espacios donde se define el rumbo de la banca de desarrollo. Es una posición desde la cual se puede influir en cómo se financian proyectos productivos, sostenibles e incluyentes en la región. Para Nafin y Bancomext, esto se deberá traducir en resultados concretos, particularmente para las pymes, que siguen enfrentando barreras de acceso al crédito. La integración productiva regional y el discurso ambiental ya no admiten soluciones abstractas.
EL DIAGNÓSTICO SOBRE la seguridad pública en México vuelve a mostrar la ausencia del Estado en amplias zonas del país. Alejandro Desfassiaux, fundador de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, pone el foco en un dato contundente: uno de cada cuatro municipios no cuenta con una institución formal de seguridad. Las cifras oficiales confirman un modelo fragmentado, con corporaciones municipales débiles y mal certificadas. Que sólo seis de cada diez policías municipales tengan el Certificado Único Policial no es solamente un asunto administrativo, es un riesgo operativo. Desfassiaux sostiene que la consolidación de la Guardia Nacional no es una opción ideológica, sino una respuesta práctica ante capacidades locales insuficientes. Más que sumar efectivos, se debe ordenar el mando y profesionalizar. Desde la óptica del sector privado de la seguridad, donde opera Multisistemas, el vacío institucional termina trasladando riesgos a empresas y ciudadanos.
LA SOLUCIÓN PLANTEADA por el gobierno para los taxis de aplicación en el AICM confirma que el problema nunca fue tecnológico, sino regulatorio. Tras años de choques legales y operativos, la propuesta de trasladar a los usuarios en transporte público hacia bahías externas suena más a paliativo que a solución de fondo. Es una salida funcional, pero incómoda para el pasajero y poco eficiente para una terminal aérea que aspira a estándares internacionales. La restricción persiste, ya que las plataformas siguen sin poder recoger pasaje directamente en las terminales. El conflicto entre concesionarios, autoridades y apps se administra, no se resuelve. Con el Mundial de 2026 en el horizonte, el tiempo juega en contra. Más que espacios improvisados, el aeropuerto necesita reglas claras, aplicables y pensadas para el usuario, no sólo acuerdos temporales para contener el desorden.
OTROS QUE SE preparan para el Mundial son los de Alsea, la empresa que dirige Christian Gurría va con una estrategia que busca algo poco común en tiempos inflacionarios, y es crecer sin trasladar el costo al consumidor. La apuesta de absorber presiones vía eficiencia y negociación con proveedores. El Mundial representa una oportunidad clara de tráfico y visibilidad, tanto en restaurantes como en consumo en casa, aunque no garantiza ventas automáticas. La empresa se maneja con cautela al no proyectar cifras, ya que el consumo emocional depende de variables impredecibles, desde los horarios hasta el desempeño deportivo. Chili’s y otros formatos están listos para capitalizar la experiencia colectiva.
