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LA RELACIÓN AÉREA bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa un momento bisagra, pues mientras Aeroméxico reconoce avances en la negociación bilateral, el gobierno estadounidense mantiene restricciones que exhiben un desacuerdo de fondo. No es un diferendo técnico, sino un reacomodo del tablero competitivo en uno de los mercados más relevantes del mundo.
Aeroméxico ha optado por una postura institucional y cauta. La aerolínea dirigida por Andrés Conesa reconoce el trabajo de la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agencia Federal de Aviación Civil, que encabezan Roberto Velasco, Jesús Esteva y Emilio Avendaño, respectivamente; para encauzar el diálogo con el Departamento de Transporte (DOT), al tiempo que subraya su interés en que estos acuerdos se traduzcan en una red de rutas más robusta y estable para los usuarios. En el fondo, su mensaje apunta a la certidumbre operativa en un entorno que hoy sigue condicionado por decisiones regulatorias.
Del lado del DOT y su titular, Sean Duffy, el tono es menos conciliador. Washington insiste en que México incumplió el acuerdo aéreo de 2015 desde 2022, cuando retiró slots a aerolíneas estadounidenses y reubicó operaciones de carga fuera del AICM.
Las consecuencias fueron inmediatas, ya que el DOT redujo 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, congeló su crecimiento en servicios combinados y limitó el transporte de carga en vuelos de pasajeros.
En este escenario, la postura de la SICT sostiene que México busca un mercado bilateral competitivo, con reglas claras y alineadas a mejores prácticas internacionales, pero sin renunciar a su estrategia aeroportuaria. El elemento central de esa estrategia es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que comienza a integrarse como parte formal del sistema metropolitano y del propio acuerdo bilateral.
La inclusión del AIFA representa un intento por redistribuir la operación aérea, particularmente la carga, bajo un modelo que alivie la saturación del AICM. De acuerdo con la SICT, se busca garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura en ambos aeropuertos, ampliando opciones operativas y fortaleciendo la conectividad logística entre México y Estados Unidos.
Para Estados Unidos, las decisiones mexicanas alteraron las condiciones de competencia y afectaron a sus aerolíneas; para México, son ajustes necesarios para modernizar su sistema aeroportuario. Dos lecturas opuestas que explican por qué, pese a los avances, las restricciones siguen vigentes.
El acuerdo reciente incorpora la creación de un grupo de trabajo bilateral que dará seguimiento técnico a los compromisos y evaluará las medidas regulatorias, con participación potencial de la industria. Es un paso relevante, pero insuficiente frente a la exigencia del DOT de resultados tangibles antes de levantar cualquier limitación.
En este contexto, la postura de Aeroméxico refleja el dilema del sector, respaldar el proceso institucional sin perder de vista la urgencia de recuperar condiciones de competencia plenas. Porque lo que está en juego es la conectividad, los costos logísticos y la posición de México en el mercado aéreo más dinámico del hemisferio.
El desenlace dependerá de rutas restituidas, reglas claras y acceso sin distorsiones. Hasta entonces, el cielo bilateral seguirá en disputa.

PAULINA TÉLLEZ FUE nombrada al frente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, misma que llega en un momento donde el ferrocarril busca reposicionarse. La nueva directorora general de la AMF cuenta con con paso por seguridad, justicia y finanzas públicas, lo que sugiere que la suya será una gestión con enfoque institucional más que operativo. Siendo la apuesta por fortalecer la regulación y la seguridad apunta a resolver rezagos estructurales del sector. Sin embargo, su verdadero reto será traducir esa experiencia en agilidad para un sistema que compite con el autotransporte. El impulso al cambio modal no es nuevo, pero sigue siendo una deuda pendiente en México, por lo que la AMF necesita más que diagnósticos requiere de ejecución coordinada entre industria y gobierno.

GRUPO BIMBO ESTÁ apostando por le mercado de Estados Unidos, por ello invertirá más de mil millones de dólares en esta expansión, con la que busca afianzar el acontrol en su mercado más rentable. La panificadora dirigida por Alejandro Rodríguez Bas está poniendo el énfasis en nutrición y accesibilidad, apuntando a un consumidor más exigente, pero también más consciente de su gasto. También están dándole mayor importancia a la agricultura regenerativa, como parte de su estrategia que mezcla sostenibilidad con narrativa corporativa. Bimbo está consolidando una red industrial y logística difícil de replicar, con más de 20 mil empleados y miles de rutas, su escala ya es barrera de entrada.

EL BBVA MÉXICO invertirá 14 mil 960 millones de pesos para apostar por una mayor digitalización del mayor prestamista del sector bancario mexicano. Y es que aumentar el gasto en digitalización es lógico, pero también muestra que el rezago tecnológico sigue siendo un lastre, con una población que aún no está ni bancarizada. Eduardo Osuna, director general del banco, muestra confianza a pesar de que la economía mexicana no termina de despegar y arrastra dudas estructurales, la apuesta por infraestructura conecta con el nearshoring, aunque depende más de ejecución pública que de intención privada. Seguridad, T-MEC y digitalización siguen siendo piezas que no encajan del todo en el tablero. BBVA invierte fuerte, pero también deja entrever que el entorno aún no acompaña su ambición.

Y JUSTAMENTE AYER, durante la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA México, Santiago Levy, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, afirmó que la productividad es hoy menor que hace 25 años, siendo una señal de un modelo que no termina de corregirse. La segmentación entre formalidad e informalidad sigue fragmentando la eficiencia del sistema económico. Que el mismo peso produzca 39% más en una empresa formal evidencia el costo de esa distorsión. México ha logrado estabilidad macroeconómica, pero no ha resuelto cómo traducirla en crecimiento generalizado, el resultado es un menor ingreso potencial sin necesidad de trabajar más ni invertir más.
