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EL GOBIERNO DE México volvió a colocar a la energía en el centro de su estrategia económica, pero lo hace con retrasos que ya tienen implicaciones concretas en inversión y competitividad. Con una mayor apertura a la participación privada y con intentos de simplificación regulatoria, el segundo piso de la 4T busca corregir un periodo de cierre e incertidumbre, aunque no se sabe si será suficiente.
Las cifras que rodean al sector muestran que la demanda eléctrica crecerá con fuerza en los próximos años, impulsada por la relocalización industrial, la digitalización y la expansión de sectores intensivos en energía.
En Estados Unidos, el consumo podría aumentar cerca de 50%, y México, por su papel en las cadenas de manufactura, enfrenta presiones similares o superiores en zonas industriales clave.
Sin embargo, el punto de partida es complejo. Katya Samohano, CEO de Iberdrola México, ha señalado que empresas instaladas en el norte del país llegaron a pagar entre 30% y 40% más por electricidad que sus competidores en Texas. Esa brecha incidió directamente en decisiones de inversión y expansión.
En este contexto, el viraje de la política energética hacia una apertura regulada es una señal positiva. Samohano lo definió como un cambio constructivo, aunque todavía incompleto. La salida de Iberdrola de varios activos en México, en paralelo, dejó ver que la confianza no se reconstruye con ajustes graduales, más bien requiere de certidumbre sostenida.
Ahí se concentra uno de los mayores desafíos con tres frentes críticos: reglas claras y previsibles, expansión de la red eléctrica y alineación entre el desarrollo energético y la demanda industrial. Este último elemento es especialmente relevante en un entorno de nearshoring acelerado.
La red de transmisión sigue siendo el punto más débil del sistema. Sin capacidad suficiente para transportar electricidad, la discusión sobre nuevas centrales pierde sentido operativo. En los hechos, la infraestructura existente limita la incorporación de nueva generación, incluso cuando hay proyectos viables.
A esto hay que agregar la variable de el tiempo. La infraestructura energética no se construye en ciclos políticos, sino en horizontes de largo plazo. Un proyecto puede tardar entre cinco y seis años en entrar en operación, mientras que otras inversiones, como redes o gasoductos, requieren décadas para recuperar capital.
A esto se suma la dependencia estructural del gas natural estadounidense, que ha sido una ventaja en costos, pero no sustituye una política energética integral.
Las medidas anunciadas recientemente, como la reducción de trámites de más de un año a seis meses, apuntan en la dirección correcta. No obstante, el problema va más allá de los procesos administrativos.
Se debe ejecutar, invertir en redes, coordinar demanda e infraestructura y ofrecer condiciones estables para el capital. Sin esos elementos, el crecimiento energético seguirá avanzando por debajo de lo que exige la economía.
México tiene el potencial, pero la ventana para capitalizarlo no permanecerá abierta indefinidamente.
Y YA QUE andamos en temas de energía, le comento Control Empresarial de Capitales, brazo de inversión de Carlos Slim, decidió extender por un año el acuerdo que limita su participación en Talos Energy. La modificación, firmada en diciembre de 2025, mantiene hasta el 16 de diciembre de 2026 el tope de 25% en la tenencia accionaria. Este tipo de restricciones busca evitar cambios abruptos en el control corporativo dentro de la petrolera estadounidense. Al corte de marzo de 2026, la participación de la familia Slim se ubicaba en 24.7%, muy cerca del límite establecido, el acuerdo original impedía adquirir más acciones durante al menos un año para no rebasar ese umbral. En paralelo, el movimiento estratégico se trasladó a México con un incremento en la posición dentro de Talos Energy México.
LA PRESIDENTA CLAUDIA Sheinbaum presentó un programa para renegociar y liquidar créditos de 70 mil beneficiarios de la extinta Financiera Nacional. La medida prioriza a mujeres mediante la condonación total de sus saldos como un intento por aliviar la economía familiar, buscando frenar los abusos derivados de cobranza externa heredada de administraciones pasadas. Durante años, estos créditos acumularon intereses de hasta 50% y 100% anual, dicho esquema derivó en presiones financieras y prácticas intimidantes contra miles de deudores. La desaparición de despachos de cobranza marca un giro en la relación entre el Estado y los acreditados, ahora se plantea un modelo donde los pagos se ajusten a la capacidad real de las personas.
EL INFONAVIT LANZÓ una plataforma digital para que empresas, constructores y desarrolladores consulten el potencial de vivienda faltante por contratar en todo el país. La herramienta desagrega información por estado y municipio, alineándose con la meta sexenal del Programa de Vivienda para el Bienestar. El movimiento del instituto dirigido por Octavio Romero apunta a dar mayor visibilidad a la demanda real y ordenar la participación del sector privado, la plataforma incluye proyectos en revisión, viviendas en desarrollo y oportunidades disponibles, lo que abre el proceso a más competencia. También establece requisitos claros para participar, desde propuestas iniciales hasta estudios técnicos y acreditación de propiedad. Las viviendas contempladas mantienen especificaciones mínimas de 60 metros cuadrados y precios por debajo del mercado.
MÉXICO BUSCA REDUCIR de 36 a 3 meses la liberación de dispositivos médicos mediante una simplificación administrativa que apunta a transformar el ritmo del sector salud. La meta no solo implica agilizar trámites, sino consolidar al país como exportador clave en la región y sexto a nivel global. Para 2026, autoridades y la industria plantean una reconfiguración técnica del proceso regulatorio que vaya más allá del diálogo, esto con la finalidad de eliminar fricciones históricas en Cofepris sin comprometer la calidad ni la seguridad. La integración de nuevas categorías, como el software médico, refleja una adaptación necesaria al avance tecnológico. También se busca homologar criterios internacionales para evitar duplicidades y rezagos administrativos.
