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DESDE EL 1 de octubre, cualquier persona que realice transferencias electrónicas en México deberá enfrentarse a una nueva realidad: configurar su Monto Transaccional del Usuario (MTU) y descargar el Comprobante Electrónico de Pago (CEP) como respaldo obligatorio.
Aunque la narrativa oficial habla de protección contra fraudes, lo que está en juego va mucho más allá: se trata de una reconfiguración del control financiero en el país, con implicaciones que podrían considerarse como una forma de fiscalización masiva, incluso de terrorismo fiscal.
El MTU, definido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que dirige Ángel Cabrera Mendoza, establece un límite máximo por operación que cada usuario debe configurar en su app bancaria.
Si no lo hace, el sistema le asignará por defecto mil 500 UDIS, equivalentes a unos 12 mil 800 pesos.
Esto significa que cualquier transferencia que exceda ese monto requerirá una autenticación adicional, como token o biometría. En apariencia, esto busca proteger al usuario. Pero en la práctica, también permite al Estado y a las instituciones financieras monitorear con mayor precisión el flujo de dinero digital.
Por ejemplo, un freelance que recibe pagos mensuales por servicios digitales podría ver bloqueadas sus operaciones si no ajusta su MTU. Un pequeño comerciante que paga a proveedores por transferencia podría enfrentar retrasos si no anticipa el límite. Y un ciudadano que envía dinero a familiares podría ser obligado a justificar cada operación si se considera “fuera de perfil”.
El CEP, por su parte, es un documento emitido por Banco de México que valida que la transferencia se realizó correctamente. Se puede descargar en PDF o XML desde el portal del banco central, y aunque no garantiza la devolución del dinero en caso de fraude, sí sirve como evidencia ante el banco. Pero también es una herramienta de trazabilidad.
La preocupación no es menor. Algunos especialistas ya advierten que el MTU y el CEP podrían convertirse en instrumentos de terrorismo fiscal, es decir, en mecanismos que ahogan al contribuyente promedio con controles excesivos, bloqueos arbitrarios y requerimientos constantes.
Si cada transferencia debe ser justificada, respaldada y registrada, el margen de maniobra para la economía informal se reduce drásticamente.
Además, el MTU será obligatorio para todos los usuarios a partir de enero de 2026. Esto incluye a quienes usan fintechs, bancos digitales o apps de pago.
La CNBV exigirá que todas las instituciones financieras documenten cómo aplican el MTU en sus planes antifraude. Es decir, el control será total.
¿Es esto necesariamente malo? No del todo.
En países con alta evasión fiscal, como México, medidas como el MTU pueden ayudar a formalizar la economía, reducir el lavado de dinero y proteger al usuario.
Pero también pueden convertirse en una forma de vigilancia financiera que criminaliza el uso del dinero digital sin una justificación clara.
YA QUE HABLAMOS del mundo fintech, en México la adopción de criptoactivos en el mundo empresarial da un paso firme, pues la startup Clara y Bitso Business lanzaron tarjetas respaldadas por stablecoins, permitiendo a empresas acceder a liquidez sin vender sus activos. Esta solución agiliza pagos, suscripciones y tesorería, especialmente para compañías medianas y grandes. La alianza marca una evolución en la gestión financiera, con potencial de expansión regional.
EL REGRESO MASIVO a los espectáculos en vivo tras la pandemia ha reconfigurado el consumo cultural y financiero. Banamex, OCESA y Visa, que encabezan Manuel Romo, Alejandro Soberon y Francisco Valdivia, respectivamente, lanzaron LineUp, una tarjeta que capitaliza esta tendencia con beneficios exclusivos para conciertos y teatro. Con una colocación mensual de 150 mil plásticos, Banamex busca colocar 5 mil mensuales de LineUp. El producto refleja cómo el entretenimiento impulsa nuevas estrategias bancarias. La tarjeta no solo ofrecerá acceso preferente, también convertirá cada compra en puntos canjeables por experiencias.
UPS, QUE EN México encabeza Francisco Ricaurte, decidió no adquirir Estafeta, lo que marca un giro en sus planes de expansión en el país. Aunque la operación buscaba aprovechar el impulso del nearshoring, factores regulatorios y arancelarios complicaron el cierre. El interés por fortalecer la logística entre ambos países persiste, pero las condiciones actuales exigen cautela. Estafeta, por su parte, manifestó seguir su compromiso con la calidad y continuidad operativa.
EL INFONAVIT ESTABLECIÓ en 630 mil pesos el precio tope para las viviendas del programa del bienestar, dirigido a personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos. La medida busca garantizar accesibilidad sin fines de lucro, considerando costos de terreno, urbanización y construcción. Las diferencias de precio dependerán del tipo de vivienda y su ubicación dentro del conjunto habitacional, manteniendo principios de equidad y recuperación financiera.
