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El polémico Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, incluido en el Paquete Económico 2026, busca facultar al SAT para acceder en tiempo real y de forma permanente a las bases de datos de plataformas digitales que operan en México. Aunque se presenta como una medida para mejorar la recaudación fiscal, en la práctica podría convertirse en un mecanismo de vigilancia masiva.
Principales preocupaciones de la AIMX
La Asociación de Internet MX, con 25 años de experiencia en el impulso del ecosistema digital, ha manifestado su rechazo a esta medida por múltiples razones.
Riesgo para la privacidad
El acceso irrestricto a sistemas digitales de alto tráfico pone en peligro los datos personales de millones de usuarios. Aunque se limita a información fiscal, el SAT podría tener una “llave maestra” para acceder a información sensible sin orden judicial.
Sanciones desproporcionadas
Las sanciones por incumplimiento podrían llevar al bloqueo total de plataformas digitales, afectando a millones de usuarios y generando pérdidas económicas significativas. Esta medida sería equivalente a una clausura operativa vía Internet.
Violación de derechos humanos
El artículo contraviene el Artículo 16 Constitucional y tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, al permitir la intromisión sin mandamiento judicial ni causa legal fundada.
Daño a la economía digital
La medida desincentiva el uso de plataformas digitales, afectando especialmente a las MiPyMEs que dependen del internet para operar. Esto podría provocar un retorno a modelos físicos menos regulados, obstaculizando el desarrollo del ecosistema digital.
Riesgos de ciberseguridad
La conexión en tiempo real entre sistemas gubernamentales y plataformas digitales podría ser interceptada por delincuentes cibernéticos, abriendo una “puerta trasera” que compromete la seguridad de millones de usuarios.
Pérdida de confianza institucional
La intromisión del Estado en la vida digital de los ciudadanos podría debilitar la confianza en las instituciones, generando un clima de descontento y afectando la gobernabilidad.
¿Un modelo autoritario disfrazado de eficiencia fiscal?
La AIMX advierte que esta medida recuerda prácticas de regímenes autoritarios, donde la vigilancia digital se usa como herramienta de control económico. La falta de límites procesales y de supervisión judicial convierte al Artículo 30-B en una amenaza para la democracia.
Propuesta de la AIMX para una fiscalización digital responsable
La Asociación de Internet MX propone alternativas viables para lograr una recaudación justa sin vulnerar derechos fundamentales. Entre ellas se encuentran eliminar el acceso en tiempo real y sustituirlo por auditorías selectivas con orden judicial, implementar modelos de actualización periódica, limitar el alcance de los datos a información fiscalmente relevante, proteger secretos industriales y datos sensibles, establecer mecanismos seguros de acceso con autenticación multifactor y registros de auditoría, aplicar sanciones proporcionales y escalonadas, iniciar con una fase piloto antes de la implementación general, incluir regímenes simplificados para MiPyMEs y mantener el principio de responsabilidad limitada de los intermediarios conforme al T-MEC.
