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La suma de errores estructurales en el sector telecom, como asignación directa de espectro y falta de garantías de neutralidad, pone en riesgo la competencia y la inversión. Estados Unidos ya advirtió que estas disposiciones podrían violar el T-MEC, lo que expone a México a sanciones en la revisión de 2026
Realidad Aumentada
Adrián Campos
Y sin defender instituciones, pero por más de una década, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue el árbitro técnico que garantizó competencia, neutralidad y transparencia en un sector estratégico para México.
Ese capítulo se cerró, porque al final la 4T no cree en la regulación. La nueva Ley de Telecomunicaciones no solo eliminó al IFT, sino que creó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un organismo que, aunque presume autonomía técnica, está adscrito a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo y cuyo director, José Antonio Peña Merino, no tiene fama de ser muy autónomo a los deseos de Claudia Sheinbaum. ¿Qué significa esto? Que la independencia regulatoria, piedra angular del T-MEC, quedó en entredicho.
Desde los primeros borradores, expertos y organismos alertaron sobre riesgos evidentes: concentración de poder en el Ejecutivo, asignación directa de espectro a entes públicos sin pago, ausencia de garantías sobre neutralidad de red y protección de datos. No fueron detalles menores. Eran señales claras de que la reforma no buscaba modernizar, sino politizar la regulación.
El Senado, por fin admitió “errores perfectibles”, pero después de muchos meses. Pero la realidad es que estos fallos comprometen la posición de México en el T-MEC, donde la independencia regulatoria es requisito explícito. Si no se corrige antes de la revisión de 2026, el país enfrentará paneles internacionales y sanciones comerciales. ¿Quién pagará el costo? Las empresas, los consumidores y la credibilidad institucional.
Y la heredera del IFT, la CRT, asumió funciones críticas: regular tarifas, otorgar concesiones, administrar el espectro y supervisar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Sin embargo, su diseño institucional genera aún más incertidumbre, ya que depende administrativamente del Ejecutivo, sus comisionados fueron nombrados por la Presidencia y ratificados por el Senado, y sus primeras decisiones han estado alineadas con el discurso del segundo piso de la 4T, como afirmar que el espectro mexicano es “7% más barato” que el promedio internacional, pese a licitaciones desiertas y devoluciones históricas.
Este nuevo regulador enfrenta un doble escrutinio, tanto el del mercado mexicano y el de Estados Unidos, que ya cuestiona los altos costos del espectro y la falta de autonomía regulatoria. En 2026, la CRT se juega su credibilidad en la licitación de 5G. Si no corrige el problema de fondo, México corre el riesgo de tener una red 5G cara, lenta y concentrada en uno o dos operadores.
El discurso del gobierno prometía conectividad universal. El resultado: un marco legal que concentra poder, desalienta la inversión y amenaza la competencia. En telecomunicaciones, la confianza es tan importante como la infraestructura. Sin reglas claras, no hay despliegue de 5G, no hay fibra óptica, no hay innovación.
Si de verdad este gobierno quiere mantener competitivo el mercado telecom , debe saber que corregir no es opcional. México debe restituir la autonomía regulatoria, garantizar licitaciones transparentes y costos claros en espectro, y escuchar a la industria y expertos, no solo a la política.
