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EL ÍNDICE DE Competitividad Urbana 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que mide 72 ciudades, cubre 372 municipios y utiliza 35 indicadores agrupados en seis subíndices, da como resultado un mapa donde la desigualdad territorial es medible.
Tomemos el caso de Querétaro, que encabeza Felipe Macías, que encabeza su categoría. Su ingreso mensual promedio alcanza 13 mil 937 pesos, con un producto laboral de 247 pesos por hora y una informalidad de 33%. Además, registra 788 sectores económicos y 3.11 patentes por cada 100 mil trabajadores. Del otro lado, hay ciudades sin registro de centros de investigación y con niveles de diversificación muy por debajo de 300 sectores. El mensaje es directo: la distancia entre polos productivos no es marginal, es estructural.
La concentración del conocimiento también es notoria. La Ciudad de México, que gobierna Clara Brugada, suma 948 sectores económicos, mientras que ciudades como Ozumba apenas alcanzan 297. En términos de capacidad científica, Hermosillo registra 3.71 centros de investigación por cada 100 mil personas, mientras otras ciudades simplemente no reportan ninguno. Esto implica que el acceso a innovación no depende del país, sino del lugar específico dentro del país.
En infraestructura, las diferencias son igual de concretas. El costo de electricidad puede ser de 410 pesos por MWh en Tijuana, de Ismael Burgueño, frente a tres mil 492 en Playa del Carmen. La disponibilidad hospitalaria muestra una brecha similar: La Paz tiene 13.95 camas por cada 10 mil habitantes, mientras otras ciudades apenas superan una por cada 10 mil. No es un matiz, es una diferencia de más de diez veces en capacidad de atención.
El mercado laboral tampoco es homogéneo. Mientras en Piedras Negras el producto medio del trabajo llega a 670 pesos por hora, en Tuxtla Gutiérrez apenas ronda los 119 pesos. En salarios, la diferencia también es amplia: Los Cabos supera los 18 mil pesos mensuales, frente a ciudades que no alcanzan los 8 mil pesos. La productividad y el ingreso no están distribuidos; están concentrados.
En calidad de vida, el patrón se repite. El consumo de agua per cápita varía de 331 m³ en Campeche a 17.65 m³ en Monterrey, que dirige Adrián de la Garza, y la disponibilidad de personal de salud puede duplicarse o triplicarse entre ciudades. La competitividad aquí deja de ser un indicador económico y se vuelve una condición cotidiana: qué tan viable es sostener una vida urbana.
El componente institucional explica parte del problema. En ciudades como Tijuana, la percepción de corrupción supera el 92%, mientras la autonomía fiscal oscila desde 62.89% en Cancún hasta menos de 10% en otras ciudades. Esto define la capacidad real de los gobiernos para invertir, planear y sostener servicios públicos.
El ICU apunta a una mala distribución de capacidades. Las ciudades con mejor desempeño combinan economía diversificada, infraestructura funcional y cierta estabilidad institucional. Las demás arrastran rezagos que no se corrigen con crecimiento económico por sí solo.
El dato más relevante no está en quién ocupa el primer lugar, sino en la magnitud de las brechas: diferencias de hasta 10 veces en infraestructura básica, más de 5 veces en productividad laboral y cientos de sectores de distancia en diversificación económica. Ese es el verdadero indicador de la competitividad urbana en México.
AEROMÉXICO Y LA Asociación Sindical de Sobrecargos (ASSA) evitaron un paro laboral al cerrar un acuerdo que redefine las condiciones de trabajo sin romper la operación de la aerolínea. El ajuste incluye un incremento salarial de 4.16% y mejoras en viáticos, en una negociación que se resolvió antes de escalar a conflicto. El convenio también extiende condiciones de retiro y fija una revisión futura ligada a la inflación. La aerolínea que encabeza Andrés Conesa gana estabilidad operativa en un momento donde cualquier interrupción tendría impacto inmediato. Para el sindicato, el resultado asegura ajustes económicos dentro de un margen negociado. La consulta interna todavía forma parte del proceso, pero el acuerdo ya marca el rumbo. Este tipo de resoluciones muestra cómo se equilibran presiones laborales y continuidad empresarial.
SE ESTÁ LLEVANDO a cabo en Acapulco Convergencia Show (CSMX), qué reúne a más de 100 empresas, justo cuando el sector telecom vive recortes, un dato que contrasta con el ánimo general de la industria. Salomón Padilla, organizador del evento y representante legal de Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), señala que el objetivo es generar negocios y alianzas entre operadores. La convocatoria incluye asociaciones clave del ecosistema digital, desde data centers hasta operadores móviles virtuales, lo que amplía el alcance del encuentro. La agenda técnica incorpora discusiones sobre el rumbo de las redes y nuevos modelos de conectividad. También se abren espacios para estructurar consorcios entre operadores que buscan integrarse a proyectos más grandes. La participación de empresas de telecomunicaciones y medios refuerza el perfil estratégico del evento.
VIDAL LLERENAS ES el nuevo titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), tras la salida de Santiago Nieto, en un movimiento que refuerza el vínculo entre política económica e innovación institucional. Su nombramiento, impulsado por la Secretaría de Economía, apunta a reposicionar al instituto como pieza activa en el desarrollo productivo, más allá de su función administrativa. Llerenas no proviene del ámbito técnico tradicional de propiedad industrial, sino de la política pública y la gestión presupuestaria. Su trayectoria incluye cargos legislativos y funciones en gobierno, con enfoque en mercado interno y competitividad. El IMPI, en este contexto, deja de ser solo un registro de marcas y patentes. La expectativa se centra en cómo se traducirá esa experiencia en acciones concretas dentro del organismo.
EL REGISTRO OBLIGATORIO de líneas móviles enfrenta un obstáculo que no tiene que ver con tecnología, sino con confianza. The Competitive Intelligence Unit, que dirige Ernesto Piedras, identifica que una parte relevante de los usuarios conoce la medida, pero decide no cumplirla. El problema es que hay millones que ni siquiera saben que deben vincular su línea, a eso se suma la resistencia de quienes temen entregar sus datos personales sin claridad sobre su uso. Las cifras reflejan ese freno: más de 90 millones de líneas siguen fuera del registro. El diseño de la política choca con una percepción de riesgo que no ha sido atendida.
