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México detuvo la construcción de una nueva terminal de cruceros en Cozumel, a pesar de que el proyecto —promovido por Muelles del Caribe— cuenta con los permisos federales y ambientales aprobados.
La decisión ocurre mientras destinos del Caribe como Bahamas, República Dominicana y Belice avanzan en infraestructura para recibir cruceros de nueva generación.
El proyecto representaba una inversión privada de 2,000 millones de pesos y la creación de mil empleos directos y miles más de indirectos, además de dotar a la isla de instalaciones capaces de recibir embarcaciones de más de 360 metros de largo, como el Icon of the Seas, actualmente el crucero más grande del mundo.
Hoy, Cozumel recibe 4.6 millones de pasajeros anuales, pero sus tres terminales no cuentan con capacidad técnica para este tipo de barcos y están saturadas.
La saturación se dispara los entre martes y viernes, de acuerdo con reportes de gerentes de tráfico, cuando los muelles de la isla alcanzan picos de ocupación que obligan a las navieras a operar con maniobras irregulares o a considerar alternativas en otros destinos.
El riesgo de desvío de rutas se amplifica con la transformación de la industria. Entre 2016 y 2024, la capacidad global de cruceros creció 40%, y actualmente el 44.5% del mercado mundial se concentra en el Caribe, lo que ha impulsado el desarrollo de barcos más grandes y eficientes.
Las proyecciones de mercado estiman que para 2034 el Caribe alcanzará un valor de 1,660 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual de 3.1%.
El freno al proyecto se produce en un contexto donde grupos ambientalistas han cuestionado la obra, defendiendo un “arrecife artificial” no registrado en ninguna base pública ni privada, gestionado por la empresa local Stand Dollar Sports que cobra 49 dólares por visitas turísticas en la misma playa donde se desarrollaría el muelle.
A su vez, políticos del Partido Verde en Quintana Roo han intervenido en el debate, generando señales de riesgo regulatorio y manipulación política con fines electorales.
En este contexto, especialistas advierten que frenar proyectos estratégicos en México envía señales de fragilidad institucional y riesgo regulatorio, justo cuando el país busca capital privado para infraestructura.
El caso de Cozumel contrasta con la tendencia regional, mientras el Caribe expande su capacidad para captar los cruceros más grandes, México ofrece un escenario de incertidumbre jurídica y política, que podría impactar en su competitividad y en la continuidad de flujos de inversión hacia el sector turístico-portuario.
