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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció este 9 de julio de 2025 una prórroga de 45 días para la entrada en vigor de sanciones que afectan a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
Estas entidades fueron señaladas como de “principal preocupación en materia de lavado de dinero”, en el contexto de una investigación relacionada con el tráfico ilícito de opioides, particularmente fentanilo.
¿Qué implican estas sanciones?
Las sanciones buscan prohibir ciertas transferencias de fondos entre instituciones financieras estadounidenses y las tres entidades mexicanas mencionadas. Esta medida forma parte de la Ley FEND Off Fentanyl, diseñada para combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales.
La entrada en vigor de estas restricciones estaba prevista para julio, pero ahora se ha extendido hasta el 4 de septiembre de 2025. Esta prórroga tiene como objetivo dar tiempo a las instituciones financieras para adaptarse a las nuevas disposiciones regulatorias.
Coordinación bilateral y respuesta del gobierno mexicano
Andrea Gacki, directora de FinCEN, destacó que la decisión fue tomada tras meses de coordinación con el gobierno mexicano, lo que permitió implementar medidas sin precedentes para proteger el sistema financiero de ambos países.
El gobierno mexicano, por su parte, ha tomado acciones como la administración temporal de las instituciones afectadas, con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y prevenir el financiamiento ilícito. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el sistema financiero nacional se mantiene sólido y que no existe riesgo de contagio hacia otras entidades.
Impacto en el sistema financiero y reputación de las instituciones
La agencia Fitch Ratings advirtió que estas sanciones representan un riesgo reputacional y operativo significativo para las instituciones involucradas. Aunque las tres han negado haber incurrido en irregularidades, sus calificaciones crediticias fueron recortadas, reflejando un entorno de mayor fragilidad.
Las instituciones deberán demostrar su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo. El seguimiento de las autoridades estadounidenses y mexicanas será clave para determinar si se aplicarán sanciones adicionales o se levantan las restricciones.
