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México enfrenta un momento decisivo para redefinir la forma en que planea, ejecuta y financia su inversión pública. Las recientes reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), junto con la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar (LFIED), buscan ampliar la capacidad del Estado para invertir en proyectos estratégicos.
El potencial de estas reformas es significativo, pero su impacto final dependerá de cómo se equilibre una mayor flexibilidad operativa con reglas claras que preserven la sostenibilidad de las finanzas públicas en un entorno fiscal cada vez más estrecho.
Avances en planeación y certidumbre de largo plazo
Desde la perspectiva de México Evalúa, los cambios incorporan elementos positivos que podrían mejorar la gestión presupuestaria. Uno de los más relevantes es la obligatoriedad de incluir proyecciones de gasto a cinco años para los compromisos presupuestarios.
Este ajuste permite anticipar presiones fiscales futuras, fortalece la planeación de mediano plazo y ofrece mayor certidumbre a los proyectos de infraestructura cuyos efectos trascienden una sola administración. Además, contribuye a transparentar obligaciones financieras que, hasta ahora, no siempre quedaban plenamente visibles.
Mayor flexibilidad para ejecutar proyectos… con costos potenciales
Otro cambio relevante es la posibilidad de iniciar procesos de contratación sin contar de inmediato con disponibilidad presupuestaria, una decisión que busca acelerar la ejecución de proyectos prioritarios.
En un contexto donde los procedimientos administrativos suelen ser un cuello de botella para la inversión pública, esta flexibilidad puede mejorar la coordinación entre planeación y ejecución. Sin embargo, la agilidad también introduce riesgos.
México Evalúa advierte que contratar sin recursos plenamente asegurados puede:
- Generar incertidumbre financiera.
- Reducir la competencia, particularmente para pymes.
- Incrementar el costo final de los proyectos.
- Abrir espacios de discrecionalidad y debilitar el papel del Congreso al comprometer gasto futuro sin aprobación previa.
Un rezago en inversión que explica la urgencia
La relevancia de estas reformas se entiende mejor al observar el comportamiento reciente de la inversión pública. En 2025, la inversión física cayó a 770 mil millones de pesos, su nivel más bajo desde 2008. Además, solo una fracción del endeudamiento se destinó a este rubro.
Estos datos revelan una pérdida de capacidad del Estado para detonar crecimiento económico a través de infraestructura, lo que ha reactivado el debate sobre cómo financiar proyectos estratégicos sin comprometer la estabilidad fiscal.
Un contexto fiscal que limita el margen de maniobra
El desafío es que esta búsqueda de mayor inversión ocurre en un entorno fiscal complejo. En 2024, el déficit público alcanzó 5.8% del PIB, el nivel más alto en más de tres décadas, y en 2025 se mantuvo por encima de lo previsto inicialmente.
La deuda pública tampoco ha logrado estabilizarse. Para el cierre de 2026, se estima que alcance 54.7% del PIB, el nivel más elevado desde 1988, lo que equivale a una deuda de 151,925 pesos por ciudadano.
Este contexto reduce el margen para errores en el diseño y aplicación de la política fiscal.
Reglas fiscales más flexibles, pero también más frágiles
Algunos cambios a la LFPRH recortan el alcance de las reglas fiscales tradicionales, en particular aquellas que limitaban el crecimiento del gasto y el uso del endeudamiento.
La ampliación de rubros excluidos de límites explícitos y la flexibilización del vínculo entre deuda e inversión alteran el equilibrio institucional de la política fiscal. El resultado es un esquema donde los mecanismos de control pueden perder efectividad si no se refuerzan con una gobernanza sólida.
Tres principios para fortalecer la reforma
México Evalúa plantea que este momento no representa una contradicción, sino una oportunidad para profundizar la reforma con base en tres principios clave:
- Complementar la transparencia de largo plazo con límites claros que protejan el espacio fiscal futuro.
- Dirigir la flexibilidad exclusivamente a proyectos viables, con impacto económico demostrado y prioridad estratégica.
- Preservar reglas fiscales sólidas, que permitan evaluar con claridad el crecimiento del gasto y el uso del endeudamiento.
Invertir más, pero hacerlo mejor
México enfrenta un dilema que, en realidad, es falso: no se trata de elegir entre flexibilidad o disciplina, sino de diseñar un marco fiscal capaz de integrar ambas.
La reforma a la LFPRH abre una oportunidad para modernizar la política fiscal, fortalecer la capacidad de inversión del Estado y sentar bases más firmes para un crecimiento sostenido. Su éxito dependerá de una implementación rigurosa, transparencia efectiva y mecanismos de control robustos.
