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LA CIUDAD DE MÉXICO se encuentra nuevamente en un punto de inflexión.
Con el anuncio del Bando 1 por parte de la jefa de gobierno Clara Brugada, que busca controlar el alza de rentas en zonas de alta presión inmobiliaria, surge una pregunta inevitable: ¿estamos repitiendo un ciclo que ya vivimos entre 1942 y 2001, pero con otro nombre?
El nuevo esquema no implica congelar las rentas de manera absoluta, como sucedió en el pasado.
Al contrario, permite incrementos ligados a la inflación, introduce incentivos públicos y propone organismos de defensa inquilinaria.
Sin embargo, en su diseño subyacen riesgos ya documentados por Banamex: desincentivo a la inversión privada (que en 2024 representó 85% del financiamiento para vivienda), deterioro urbano, informalidad en contratos y una probable presión gentrificadora hacia la periferia A.
En su momento, las rentas congeladas fueron una herramienta para mitigar los efectos de la inflación sobre la clase trabajadora.
Pero su prolongación provocó distorsiones profundas: deterioro del parque habitacional, disminución de la oferta de vivienda en renta y despoblamiento del Centro Histórico.
Para 2001, el fin de dicho régimen permitió una revitalización urbana que hoy forma parte del imaginario del renacer capitalino A.
Ahora, con rentas creciendo al 10% anual desde 2020 A, cualquier intento de regular precios debe considerar no solo el precedente histórico, sino también los incentivos económicos necesarios para sostener un mercado saludable.
El dilema es claro: ¿cómo equilibrar justicia social sin minar la sostenibilidad estructural del ecosistema inmobiliario?
Banamex advierte que sin políticas complementarias —como subsidios directos a inquilinos de bajos ingresos o incentivos fiscales para el mantenimiento de inmuebles— el control de rentas podría derivar en erosión del valor catastral, reducción de la recaudación fiscal y discriminación de inquilinos potenciales A.
La vivienda asequible es una meta legítima; lograrla sin dañar el mercado exige una política de cirugía fina, no un bisturí ideológico. El Bando 1 ofrece una oportunidad para construir un sistema de vivienda más equitativo. Pero si no se complementa con medidas estructurales, podría convertir nuevamente a las rentas en un instrumento de exclusión más que de acceso.
LA SALIDA DE Iberdrola de México ha generado inquietudes sobre el entorno legal para la inversión extranjera en el sector energético. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que existe certeza jurídica y que las reglas actuales son claras. El debate gira en torno a las sociedades de autoabasto, consideradas ilegales por el gobierno. La transición hacia un modelo más regulado plantea retos para empresas privadas, pero también busca fortalecer el control estatal sobre la generación eléctrica.
LAS TENSIONES COMERCIALES entre México y Estados Unidos han comenzado a reflejarse en el transporte aéreo de carga, especialmente en el AIFA, que reportó una caída de 16% en el primer cuatrimestre de 2025. Aunque las declaraciones de Donald Trump han generado incertidumbre, las autoridades confían en una pronta recuperación. La infraestructura del aeropuerto y su capacidad operativa siguen siendo factores clave para mantener su competitividad.
EN RESPUESTA A los recientes cuestionamientos sobre prácticas financieras, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente, ha implementado ajustes que buscan fortalecer la supervisión en entidades como Sofomes, uniones de crédito y casas de cambio. Las nuevas reglas apuntan a prevenir riesgos crediticios excesivos y mejorar la transparencia operativa. Al exigir mayor documentación y monitoreo de vínculos entre socios, se refuerza el cumplimiento normativo. Estas medidas, aunque técnicas, reflejan un esfuerzo por consolidar la confianza en el sistema financiero mexicano sin frenar su dinamismo.
EN UN ENTORNO donde la digitalización es clave para la competitividad, BBVA México está apostando por transformar la forma en que las Pymes operan. Al habilitar los celulares como terminales de cobro, el banco busca facilitar el acceso a herramientas financieras modernas. Esta estrategia no solo impulsa la inclusión financiera, sino que también fortalece la formalización empresarial. Con más de un millón de pymes atendidas, el enfoque digital parece responder a una necesidad real del mercado.
