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SIGUE CORRIENDO EL tiempo para realizar la vinculación obligatoria de líneas telefónicas móviles antes del 30 de junio de 2026. La medida, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que encabeza Norma Solano, busca que cada número esté asociado a una persona plenamente identificada, con el objetivo de prevenir fraudes y facilitar la verificación de usuarios.
El objetivo puede entenderse. El problema no está en el fondo, sino en cómo se ha contado.
Hoy, miles de usuarios han recibido mensajes que los invitan, o de plano los presionan, a realizar el proceso. Pero hay un dato que no se ha comunicado con suficiente claridad: la gran mayoría de las líneas de pospago ya están vinculadas desde el momento en que fueron contratadas.
Cualquier usuario que haya contratado un plan de pospago tuvo que entregar identificación oficial y datos personales. Sin ese paso, simplemente no hay línea. Es decir, desde el origen, ese número ya quedó asociado a una persona física o moral.
Aun así, el regulador pidió a las empresas que enviaran mensajes a sus clientes para notificarles que su línea ya estaba registrada, incluso si ese contrato se firmó hace diez o quince años. La intención era dar certeza; el resultado ha sido confusión.
Porque el usuario promedio no distingue entre un aviso y una obligación. Recibe un SMS y asume que tiene que hacer algo. Intenta registrarse, no puede, duda del sistema y termina con la idea de que su línea está en riesgo. Ahí es donde la comunicación falla.
No es lo mismo un usuario de prepago reciente que uno de pospago con más de una década como cliente. Sin embargo, ambos reciben señales similares.
En este contexto, la responsabilidad también recae en la comunicación institucional. José Solís Juárez, al frente de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Social de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), tendría que estar enfocado en ordenar el mensaje, no en confrontar o corregir a los reporteros de la fuente. Más aún tratándose de una llegada reciente al cargo, donde había margen para marcar una línea clara desde el inicio.
Porque mientras no se explique con precisión que esta vinculación, en muchos casos, ya ocurrió desde la contratación, el ruido seguirá creciendo. Y en un tema que toca datos personales, el ruido no es inocuo: genera desconfianza.
La medida, en esencia, no crea una nueva base de datos ni implica transferencias de información, sino la verificación de registros ya existentes bajo resguardo de los operadores.
Pero si eso no se dice bien, el objetivo se diluye. Al final, en política pública, no basta con implementar. También hay que explicar. Y hacerlo bien.
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