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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como “inaceptable” la propuesta del Partido Republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que busca imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes a sus países de origen. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum argumentó que esta medida no solo es injusta, sino también inconstitucional, ya que implicaría una doble tributación para los mexicanos que ya pagan impuestos en territorio estadounidense.
México, segundo mayor receptor de remesas desde EE.UU.
La mandataria recordó que México es el segundo país que más remesas recibe desde Estados Unidos, solo después de la India. En los primeros cuatro meses de 2025, los mexicanos residentes en EE.UU. enviaron 14,269 millones de dólares a sus familias, lo que representa un incremento del 1.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Este flujo de dinero es vital para millones de hogares mexicanos, y cualquier intento de gravarlo representa una amenaza directa a su bienestar económico.
Argumentos legales y diplomáticos contra la propuesta
Sheinbaum enfatizó que la propuesta republicana es inconstitucional incluso dentro del marco legal estadounidense, ya que los migrantes —documentados o no— ya contribuyen con impuestos en ese país. “No estamos de acuerdo, es incluso, en Estados Unidos, inconstitucional, porque se cobraría doble impuesto”, afirmó. Además, señaló que su gobierno está en contacto con representantes de otros países latinoamericanos para presentar un frente común ante el Congreso estadounidense. “Estamos hablando con la representación de esos países en los Estados Unidos para poder exponer ante los congresistas que es una medida que es inaceptable”, añadió.
Iniciativas estatales también generan preocupación
Además del plan federal, algunos estados como Florida han propuesto iniciativas similares para gravar las remesas. De avanzar, Florida se convertiría en el segundo estado en aplicar este tipo de impuesto, después de Oklahoma, que desde 2009 cobra un 1% sobre cada 500 dólares enviados. Estas medidas estatales, aunque más limitadas en alcance, sientan un precedente preocupante para los derechos económicos de los migrantes y podrían incentivar el uso de canales informales para el envío de dinero, con los riesgos que ello implica.
