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A ONCE DÍAS de que venza el plazo legal para registrar las líneas celulares en México, el Gobierno federal enfrenta una disyuntiva que combina política pública, operación tecnológica y sensibilidad social. La presidenta Claudia Sheinbaum ya dejó ver que no habrá decisiones apresuradas, pero tampoco señales de debilidad. El mensaje es que el registro va, aunque el reloj apriete.
En Palacio Nacional se reconoce que el avance es significativo, más de la mitad de las líneas, según cifras de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que encabeza José Peña Merino, pero no suficiente para cantar victoria. El dato duro del regulador marca que 48 millones de líneas se ha registrado al corte de mayo. Es decir, el universo pendiente sigue siendo enorme y con un potencial impacto económico y social que ningún operador quiere asumir.
Aquí entra en juego la Agencia de Transformación Digital, que será la encargada de poner cifras sobre la mesa la próxima semana. Su diagnóstico será clave para definir si el Gobierno mantiene la fecha del 30 de junio o encuentra un mecanismo que, sin llamarle prórroga, permita estirar la cuerda sin romper el marco legal.
El problema es que la advertencia de la industria es directa: hasta 100 millones de líneas podrían enfrentar una eventual desconexión. No se trata de espantar con el petate del muerto, es el tamaño real del mercado móvil mexicano, donde el prepago domina y la informalidad en el registro de usuarios ha sido, durante años, el estándar.
Las empresas ya activaron todos los frentes. Telcel de Daniel Hajj; AT&T que encabeza Mónica Aspe; Movistar que capitanea Camilo Aya; Bait dirigida por Gabriel Cejudo; y Altán intensificaron campañas, simplificaron procesos y multiplicaron puntos de registro. Los números muestran una aceleración: de 325 mil a 750 mil registros diarios en cuestión de semanas. Sin embargo, el ritmo aún luce insuficiente frente al volumen pendiente.
En este contexto, la narrativa del Gobierno apunta a la seguridad. Vincular cada línea a una persona, insiste Sheinbaum, permitirá combatir delitos como la extorsión. Es un argumento difícil de rebatir en el discurso público, aunque persisten dudas sobre la capacidad institucional para resguardar datos y evitar filtraciones o usos indebidos.
Del otro lado, la oposición, tanto política y mediática, empuja la idea de un padrón susceptible de convertirse en herramienta de vigilancia. La presidenta desestima ese señalamiento y traslada la responsabilidad del resguardo a las telefónicas, con acceso gubernamental solo bajo investigación formal. El diseño suena razonable en papel, pero su ejecución será la verdadera prueba.
El punto de quiebre llegará en los últimos días de junio. Si el registro despega como anticipa la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el Gobierno tendrá margen para sostener la fecha sin costos mayores. Si no ocurre, la presión para evitar una desconexión masiva crecerá de forma exponencial.
Lo que está en juego no es solo el cumplimiento de una disposición legal. Es la credibilidad de una estrategia que busca ordenar el ecosistema digital sin frenar su expansión. Entre la seguridad y la conectividad, el equilibrio será milimétrico. Y, como suele suceder, el desenlace se decidirá en tiempo real.
Y YA QUE hablamos de telecomunicaciones, AT&T México deberá pagar alrededor de 86 millones de dólares para renovar concesiones de espectro en varias regiones del país. La decisión final deberá tomarse a mediados de julio ante el regulador. De aceptar las condiciones, la empresa comandada por Mónica Aspe mantendrá el uso de frecuencias clave hasta 2046 y 2047. Este proceso marca una de las primeras renovaciones bajo el nuevo regulador de telecomunicaciones. Las bandas involucradas son fundamentales para la operación de servicios móviles. El contexto incluye cuestionamientos sobre el costo del espectro en México. La compañía ha manifestado previamente inconformidades por estos montos. La renovación ocurre en medio de versiones sobre posibles ajustes en su negocio en el país.
LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL de Transporte Aéreo (IATA) señaló que México mantiene oportunidades de crecimiento en el sector aeronáutico, pese a la madurez de su mercado. El organismo reconoció el potencial del país dentro de la región latinoamericana. Sin embargo, advirtió sobre desafíos relevantes en infraestructura y costos operativos. Entre ellos destacan las limitaciones del AICM y la alta carga fiscal en boletos aéreos. De acuerdo con la asociación dirigida por Willie Walsh, el crecimiento será más moderado frente a otros mercados, también calificó como temporal la degradación en supervisión aérea del país. Además, apuntó que factores como impuestos y precios del combustible afectan al sector. Estas condiciones marcan los retos para el desarrollo futuro de la aviación en México.
LA COMISIÓN PARA la Cooperación Ambiental de Norteamérica revisará una denuncia por un presunto incumplimiento ambiental en México. El caso está relacionado con un incidente en un pozo petrolero en Veracruz. La queja señala posibles afectaciones por emisiones y contaminación en la zona. De acuerdo con reportes, el evento ocurrió en el pozo Krem 1EXP de Pemex. La empresa ha indicado que trabaja en la contención de las emisiones. Además, aseguró que los niveles de contaminantes se encuentran dentro de los límites permitidos. La CCA evaluará el caso para determinar si procede una respuesta del gobierno mexicano. El proceso forma parte de los mecanismos de supervisión ambiental en la región.
LA REVISIÓN DEL T-MEC tendrá un momento clave el próximo 1 de julio con una reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con Marcelo Ebrard, secretario de Economía, esta fecha marcará el inicio formal del proceso. El encuentro no definirá el futuro del acuerdo, sino el mecanismo que seguirán los países. Entre las opciones están extender su vigencia por 16 años o establecer revisiones periódicas. Cada país presentará su postura sobre la continuidad del tratado. Durante las negociaciones se han abordado temas como reglas de origen, agricultura e industria automotriz. México ya entregó sus propuestas, que serán analizadas por Estados Unidos. El proceso continuará con nuevas rondas de diálogo, incluida una prevista en julio en Ciudad de México.
