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LA CÁMARA MINERA de México (Camimex) advierte sobre los posibles efectos devastadores de una prohibición de la minería a cielo abierto en el país, lo que ha reavivado el debate sobre el futuro de esta industria.
Según el gremio presidido por Pedro Rivero la aprobación de la Reforma Constitucional que busca prohibir esta práctica podría provocar la pérdida de más de un millón de empleos formales y una contracción económica de 250 mil millones de pesos anuales, equivalente a 1% del PIB nacional.
Además, se señala que la medida afectaría negativamente a más de 690 comunidades mineras rurales, que dependen en gran medida de esta actividad para su desarrollo.
Los minerales extraídos en el país son esenciales para más de 70 industrias, incluyendo la automotriz, siderúrgica, y la emergente industria de la electromovilidad.
Una prohibición generalizada no solo limitaría la capacidad de México para competir en el mercado global, sino que también podría convertir al país en un importador neto de minerales.
Esta situación generaría un déficit en la balanza comercial de 93 mil millones de pesos, agravando aún más la economía nacional.
La prohibición podría desincentivar la minería formal, dando lugar a un incremento en la minería informal, que opera sin los estándares de seguridad y medioambientales necesarios.
Otro aspecto que considerar es el papel de México en la transición energética.
En el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la región de Norteamérica necesita garantizar el suministro de minerales críticos para la producción de energías limpias.
Hoy, tanto Estados Unidos como Canadá permiten y regulan la minería a cielo abierto, entendiendo su importancia para la producción de minerales esenciales.
Restringir esta práctica en México podría comprometer la posición del país como un proveedor clave dentro de este nuevo paradigma energético.
La minería a cielo abierto es una actividad que, cuando se realiza de manera responsable, puede ser compatible con la protección ambiental y el desarrollo social.
En lugar de una prohibición, podría considerarse una regulación más estricta que garantice que las operaciones mineras se realicen de manera segura y sostenible.
Penalizar a toda la industria por las malas prácticas de unos pocos no es la solución.
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