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LA CÁMARA DE Diputados aprobó con 444 votos a favor una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que, bajo el argumento de fortalecer la seguridad nacional, otorga al Estado mexicano y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones un poder sin precedentes sobre los datos personales de sus ciudadanos.
Esta legislación, impulsada por Morena, no solo revela una preocupante ignorancia sobre los riesgos tecnológicos actuales, sino que también socava principios fundamentales de privacidad, autonomía digital y derechos humanos.
Uno de los aspectos más alarmantes es la habilitación del acceso a registros de llamadas, datos de líneas móviles y geolocalización en tiempo real por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.
Aunque se requiere autorización judicial, la amplitud de los datos a los que se puede acceder —que incluye información bancaria, fiscal, vehicular, de salud, transporte, comercio y telecomunicaciones— genera serias dudas sobre la proporcionalidad y el control de estos mecanismos.
En un país con más de 120 millones de líneas móviles activas, la posibilidad de vigilancia masiva deja de ser una hipótesis para convertirse en una amenaza concreta.
La ley también permitirá a la ATDT, que encabeza el ahora todopoderoso José Peña Merino, el uso de bases de datos biométricos, como huellas dactilares, reconocimiento facial y registros de voz, sin establecer mecanismos claros de protección, ni auditoría independiente.
Esta omisión es especialmente grave si se considera que México ha sido víctima de múltiples filtraciones de datos en el pasado, incluyendo la del padrón electoral. La confianza ciudadana no puede construirse sobre promesas vagas de seguridad institucional.
Lo más preocupante, sin embargo, es la ausencia total de referencias al uso de inteligencia artificial en la gestión de estos datos.
En un contexto global donde los algoritmos son utilizados para perfilar ciudadanos, automatizar decisiones judiciales o justificar detenciones, la falta de regulación específica sobre IA no es un descuido técnico: es una negligencia legislativa. Los legisladores de la. 4T han legislado como si estuviéramos en 2005, ignorando por completo los desafíos éticos y técnicos del 2025.
Los riesgos no son hipotéticos. Un ciudadano que solicite un crédito podría ser perfilado por su historial telefónico o ubicación, sin saber que su información fue compartida con autoridades.
Un periodista que investigue temas sensibles podría ser rastreado mediante su línea móvil, bajo el argumento de “prevención del delito”. Incluso empresas privadas, como bancos o aseguradoras, podrían verse obligadas a entregar datos sin notificar a sus clientes, generando un ambiente de vigilancia silenciosa y sin contrapesos.
En lugar de construir un Estado moderno y transparente, esta ley cimenta un modelo de control centralizado, opaco y peligrosamente autoritario.
La transformación digital no puede construirse sobre la base de la vigilancia, el control y la improvisación legislativa. Morena y sus aliados han perdido la oportunidad de liderar una política tecnológica con visión de futuro, y han optado por una legislación que, lejos de protegernos, nos expone.
LAS NEGOCIACIONES ARANCELARIAS con la administración de Donald Trump enfrentan incertidumbre debido a posibles gravámenes sectoriales bajo la Sección 232. Países como Japón, India y la Unión Europea temen comprometerse sin conocer el impacto total sobre industrias clave como automóviles, acero y farmacéuticos. El caso del Reino Unido muestra que incluso acuerdos parciales pueden dejar temas críticos sin resolver.
BANCO DE MÉXICO redujo su tasa de interés interbancaria a 8%, marcando su cuarto recorte consecutivo en 2025. La decisión responde a una inflación en desaceleración y un crecimiento económico débil. Este nivel no se veía desde agosto de 2022. A diferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, que mantiene una postura más restrictiva, Banxico, que encabeza Victoria Rodríguez Ceja, ha optado por flexibilizar su política monetaria, buscando estimular la actividad económica sin perder de vista la estabilidad de precios.
Y YA QUE hablamos de IA, mientras más de 60 países ya han adoptado estrategias nacionales de IA, México sigue sin un marco legal claro. Iniciativas como el Comité GAIA de AT&T México, inspirado en principios internacionales, muestran cómo el sector privado ha tomado la delantera en autorregulación. Sin embargo, esta acción no sustituye la necesidad de legislación formal. La falta de reglas limita la inversión, frena la innovación y deja a los ciudadanos sin protección ante riesgos reales. La IA no esperará, y el país necesita actuar con visión y urgencia.
LA EMPRESA B DRIVE, liderada por Christiaan Goslinga Cárdenas, ha sido reconocida por CIOReview como referente en servicios de gestión y migración de centros de datos. Su enfoque en ingeniería de sistemas críticos ha transformado sectores clave como el financiero, médico y gubernamental en México. Destaca su fábrica de software, que aplica metodologías ágiles y DevSecOps, logrando reducciones significativas en tiempos de entrega sin comprometer la seguridad.
