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EL INTENTO DE la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Omar Reyes Colmenares y la Asociación de Bancos de México (ABM), que preside Emilio Romano, por frenar el flujo de dinero proveniente de extorsiones operadas desde centros penitenciarios pone el foco en una grieta conocida: el crimen no necesita salir de la cárcel para seguir operando. Hoy lo hace con un teléfono, una cuenta bancaria y una red de transferencias digitales.
Las cifras ayudan a dimensionar el fenómeno. En México se denuncian más de 10 mil casos de extorsión al año, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque organizaciones civiles estiman que la cifra real podría ser hasta 10 veces mayor por el subregistro. Una parte significativa de estas llamadas se origina desde penales estatales y federales, donde el acceso ilegal a celulares sigue siendo una constante.
El análisis de la UIF identificó patrones concretos como transferencias electrónicas con conceptos repetitivos (como “apoyo”, “urgente” o “préstamo”), depósitos en cadena y dispersión inmediata de recursos.
En un caso revisado, 7 de cada 10 movimientos se realizaron mediante aplicaciones móviles, lo que confirma la velocidad con la que el dinero puede fragmentarse y desaparecer del radar en cuestión de minutos.
En entidades como Estado de México y Jalisco, autoridades han documentado esquemas donde una víctima deposita entre 3 mil y 50 mil pesos bajo amenaza, dinero que se distribuye en cuestión de horas en múltiples cuentas de bajo monto —las llamadas “cuentas puente”— antes de ser retirado en efectivo o utilizado para compras digitales. Este mecanismo dificulta el rastreo y complica la recuperación de los recursos.
La guía impulsada por la UIF y la ABM busca precisamente cerrar ese margen de maniobra. No es menor que se establezcan plazos de 60 días para su adopción y otros 60 para su implementación, porque obliga a los bancos a ajustar sus sistemas de monitoreo casi en tiempo real. Esto implica reforzar algoritmos de detección, capacitar oficiales de cumplimiento y afinar alertas sobre comportamientos atípicos.
Sin embargo, la estrategia también deja ver sus límites. El sistema financiero puede identificar transacciones sospechosas, congelar cuentas y generar reportes, pero no puede intervenir en el origen del delito. Mientras dentro de los centros penitenciarios circulen miles de teléfonos —en algunos operativos se han decomisado más de mil dispositivos en un solo penal— la extorsión seguirá encontrando cómo cobrar.
El impacto en los usuarios no debe ser ignorado. Un monitoreo más estricto puede traducirse en bloqueos preventivos, validaciones adicionales o retrasos en operaciones legítimas, especialmente para quienes utilizan intensivamente transferencias digitales de bajo monto, un segmento que ha crecido con la expansión de la inclusión financiera.
El desafío es cerrar el paso al dinero ilegal sin frenar la digitalización del sistema financiero. La coordinación entre autoridades y banca es indispensable, pero no sustituye la necesidad de recuperar el control dentro de los penales. Mientras ese eslabón permanezca débil, las transferencias seguirán contando la misma historia: el delito se adapta más rápido que la regulación.
EL AJUSTE GLOBAL obligó a los unicornios mexicanos a dejar atrás la expansión sin freno y a concentrarse en sostener su operación. En ese contexto, Kavak sigue en pie, pese a haber sido una de las más cuestionadas del sector. La empresa, liderada por Carlos García Ottati, levantó 427 millones de dólares en dos rondas de su Serie F, una señal relevante en un mercado donde el capital dejó de fluir con facilidad. Esa cifra no sólo habla de liquidez, sino de una apuesta concreta por su continuidad en medio de condiciones más estrictas. El foco ya no está en alcanzar valuaciones elevadas, sino en transitar hacia rentabilidad real. El mercado dejó de premiar el crecimiento acelerado y empezó a exigir eficiencia. Más que una caída del ecosistema, lo que se observa es un reordenamiento basado en números, no en expectativas. Y en ese proceso, mantener operación y acceso a capital ya no es rutina, es ventaja.
BANORTE, DE CARLOS Hank Gonzalez y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) no gira en torno al dinero, sino a la interpretación de un trámite. La multa de 19.9 millones de pesos por la operación vinculada con RappiCard se basa en una diferencia de criterio: el regulador habla de omisión, el banco sostiene que todo fue reportado y autorizado desde 2021. En juego está la compra de RappiCard por 50 millones de dólares, una apuesta ligada a su estrategia digital. Banorte insiste en que el financiamiento y las garantías formaron parte de la notificación original, lo que convierte la sanción en un punto de disputa más que en un cierre de caso. El impacto financiero pudiera parecer irrelevante para la institución, pero el precedente no lo es. El litigio podría extenderse entre 18 y 24 meses, tiempo en el que se definirá si el problema fue de fondo o de forma.
TRATON FINANCIAL SERVICES México firmó un crédito con BBVA que introduce un movimiento específico dentro del financiamiento del transporte: vincular el acceso a recursos con criterios ambientales medibles. La línea es por 516 millones de pesos, lo que permitirá la adopción de un esquema donde el crédito condiciona su destino hacia tecnologías de menor emisión. La empresa dirigida por Mats Gunnarsson lo presenta como un primer paso bajo su propio marco de financiamiento sostenible, desarrollado con respaldo internacional, lo que también refleja cómo estos estándares ya no se construyen únicamente a nivel local. Los recursos están dirigidos a unidades más limpias e infraestructura asociada, en un sector que enfrenta presión regulatoria y de mercado para reducir su impacto. En ese sentido, el financiamiento comienza a funcionar como filtro más que como simple habilitador.
LAS INVERSIONES QUE deberían llegar con el nearshoring se están frenando por factores internos que no terminan de resolverse. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que preside Juan José Sierra Álvarez, el comercio bilateral con Estados Unidos que supera los 850 mil millones de dólares, no se traduce automáticamente en nuevos proyectos. La falta de energía suficiente, la carga regulatoria y la incertidumbre jurídica operan como filtros para el capital. La geografía ya no alcanza para sostener la competitividad. En paralelo, la reorganización de las cadenas globales obliga a definir una estrategia más clara. El entorno internacional presiona, pero los obstáculos señalados son domésticos. Y en ese contraste, el país aparece como oportunidad en el papel y como reto en la ejecución.
