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La trayectoria de la deuda pública vuelve al centro de la discusión fiscal en México. De acuerdo con los Precriterios de Política Económica 2027 presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda del sector público alcanzará 55% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027, después de ubicarse en 54.7% al cierre de este año y en 53.2% en 2025.
Aunque Hacienda sostiene que este nivel es comparable e incluso favorable frente a otras economías de la región con un nivel de calificación crediticia similar, especialistas advierten que el problema no es solo el tamaño de la deuda, sino el destino que se le está dando.
Una deuda contenida, pero con poco margen de maniobra
Desde la autoridad hacendaria se subraya que la proporción de deuda proyectada no coloca a México en una posición de vulnerabilidad inmediata, particularmente frente a países con un grado de inversión equiparable.
Sin embargo, el contexto fiscal limita el margen de maniobra. El propio gobierno prevé un déficit de 4.1% del PIB, lo que obliga a analizar con mayor detalle la calidad del gasto público y la composición del endeudamiento.
Endeudarse para gasto corriente, la principal señal de alerta
De acuerdo con especialistas en finanzas públicas, el foco de atención no está en el nivel absoluto de la deuda, sino en para qué se utiliza el financiamiento.
El análisis indica que la inversión programada equivale apenas a 2.5% del PIB, mientras que el déficit estimado asciende a 4.1%. En la práctica, esto implica que alrededor de 1.6% del PIB en endeudamiento se destina a financiar gasto corriente, una estrategia que no se considera una buena práctica fiscal.
Una práctica recurrente que debilita las finanzas públicas
Los especialistas señalan que este patrón no es coyuntural, sino que se ha repetido durante al menos los últimos cinco años.
Sin que represente una crisis inmediata, esta dinámica debilita gradualmente las finanzas públicas, al reducir el espacio fiscal disponible y aumentar la dependencia del endeudamiento para cubrir gastos operativos.
En este contexto, advierten que si el país continúa financiando programas sociales y gasto corriente con deuda, los riesgos se amplían, especialmente en un entorno de bajo crecimiento económico.
Crecer más e invertir mejor, la clave para estabilizar la deuda
Desde una visión técnica, especialistas coinciden en que una corrección fiscal gradual aún es viable, siempre que se cumplan algunas condiciones clave:
- Elevar el superávit primario de 0.5% a 1% del PIB.
- Incrementar la inversión pública productiva, particularmente en proyectos de capital.
- Retomar una regla básica de las finanzas públicas: no endeudarse para gasto corriente, sino para inversión capaz de generar sus propias fuentes de pago.
Un desequilibrio fiscal que se arrastra desde 2009
Desde un análisis estructural, centros de estudio especializados han documentado que México arrastra un desequilibrio presupuestario desde 2009, cuando el gasto público comenzó a crecer de forma sistemática por encima de la capacidad recaudatoria del Estado.
Este desbalance ocurre en un entorno marcado por:
- Ingresos petroleros decrecientes.
- Creciente gasto en pensiones.
- Transferencias recurrentes a Pemex.
- Aumento sostenido en el costo financiero de la deuda.
El costo de la deuda casi se duplica en términos reales
Entre 2009 y 2026, el costo de la deuda pública pasó de 2.1 billones a 4.1 billones de pesos (a precios de 2026), lo que representa un incremento real de 95.2%.
Un dato resume el cambio estructural en el presupuesto: desde 2015, el pago de intereses y comisiones por deuda supera al gasto destinado a educación pública.
El dilema fiscal: estabilidad hoy, presiones mañana
La proyección de una deuda equivalente a 55% del PIB en 2027 no anticipa una crisis inmediata, pero sí reduce el margen de acción futura, especialmente ante eventuales choques externos o una desaceleración económica más marcada.
