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A PARTIR DEL 22 de junio más de 500 mil trabajadores de plataformas digitales en México, entre repartidores de Rappi y conductores de Uber o DiDi, serán inscritos al IMSS si cumplen con ciertos criterios.
Trabajar al menos 80 horas al mes o generar ingresos equivalentes al salario mínimo mensual, es decir, alrededor de 8 mil 364 pesos en la mayor parte de la República Mexicana.
Esta reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2024, representa un cambio histórico en la forma en que se entiende el trabajo en la economía digital.
Pero, como toda transformación profunda, trae consigo luces y sombras; para muchos, esta reforma es una victoria largamente esperada.
Por primera vez, quienes entregan comida bajo la lluvia o manejan durante horas en el tráfico tendrán acceso a atención médica pública, incapacidades, pensiones y seguro por accidentes laborales.
Además, se les reconocerán derechos como aguinaldo, vacaciones pagadas, prima vacacional y participación en utilidades (PTU) si superan las 288 horas anuales de trabajo.
La formalización también implica nuevas responsabilidades; algunos trabajadores temen perder la flexibilidad que los atrajo a estas plataformas.
Aunque la ley reconoce la naturaleza “discontinua” del trabajo digital, el hecho de estar registrados podría traducirse en mayor control, metas obligatorias o penalizaciones por inactividad.
Además, existe preocupación por el impacto en los ingresos netos.
Si bien las plataformas cubrirán las cuotas patronales, los trabajadores podrían enfrentar retenciones fiscales más estrictas o una reducción en los bonos por productividad, como ya ha ocurrido en otros países tras reformas similares.
Para empresas como Uber, DiDi o Rappi, que capitanean Juan Pablo Eiroa, Juan Andrés Panamá e Iván Cadavid, respectivamente, el golpe es doble.
Por un lado ganan legitimidad y reducen el riesgo de sanciones legales y por otro enfrentan un aumento significativo en sus costos operativos.
Deberán pagar cuotas al IMSS, al Infonavit y cumplir con obligaciones como emitir recibos semanales y garantizar la protección de datos personales.
Algunas voces dentro del sector han advertido que la reforma podría afectar la competitividad del modelo digital si no se acompaña de incentivos o ajustes fiscales.
La intención de la reforma es dignificar el trabajo digital. Pero su éxito dependerá de cómo se implemente.
Si logra equilibrar la protección social con la flexibilidad que caracteriza a estas plataformas, podría convertirse en un modelo para otros países.
Si no, corre el riesgo de empujar a miles de trabajadores de vuelta a la informalidad o provocar una contracción del sector.
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