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LA PRESIDENTA CLAUDIA Sheinbaum presentó el denominado Servicio Universal de Salud como una solución histórica a uno de los grandes pendientes del Estado mexicano: que cualquier persona pueda atenderse, sin excepciones, en cualquier institución pública.
El discurso oficial luce tan ambicioso como seductor, y es ue según el gl segundo piso de la 4T no se necesita crear un nuevo sistema, solo integrar el IMSS, el ISSSTE y el IMSS‑Bienestar, que dirigen Zoé Robledo, Martí Batres y Alejandro Svarch, respectivamente; en una sola red. El problema es que integrar no es lo mismo que sumar, y ahí dónde empieza la fricción con la realidad.
El discurso gubernamental parte de la premisa que México ya tiene hospitales, médicos y equipos suficientes, pero mal distribuidos. Compartir quirófanos, tomógrafos y especialistas permitiría usar mejor lo que existe.
En teoría, tiene sentido. En la práctica, los sistemas no están diseñados para operar juntos. Funcionan con reglas laborales distintas, presupuestos etiquetados, contratos incompatibles y plataformas digitales que no dialogan entre sí. Resolverlo no es por un simple trámite, se requiere una reforma administrativa profunda que no está detallada públicamente.
Otro punto ausente en el mensaje oficial es el costo real, nuestro país destina alrededor de 2.6% del PIB a salud pública, muy por debajo de países con sistemas universales efectivos. El plan de la presidenta se sostiene más en la idea de eficiencia que en un aumento explícito del gasto.
Pero la evidencia muestra que sin más dinero, la universalidad es limitada. La reorganización puede mejorar urgencias y tratamientos prioritarios, no garantizar cobertura plena.
El talón de Aquiles del proyecto sigue siendo el mismo de los últimos años: los medicamentos. El gobierno habla de un catálogo universal y de nuevas rutas de distribución. Hay avances, especialmente en tratamientos de alto costo.
Sin embargo, el abasto sigue siendo desigual, intermitente y dependiente de compras centralizadas que fallan con frecuencia. Mientras no se garantice el surtido constante de medicamentos básicos, cualquier promesa de universalidad queda incompleta.
Y a eso hay que está el punto que el discurso evita, y es que hacer universal el derecho no vuelve universal la capacidad del sistema. En 2027 puede existir una credencial única y un marco legal distinto, pero muchos hospitales seguirán sin personal suficiente, sin insumos o sin medicamentos.
El riesgo no es que el Servicio Universal de Salud fracase, sino que se venda como logrado antes de estarlo. La salud no se universaliza por decreto. Se financia, se gestiona y se corrige durante años. Todo lo demás es retórica.
LA SECRETARÍA DE Energía, que encabeza Luz Elena González, anunció la realización de la Feria de Energía e Innovación, el evento busca plantear la transición energética como un proceso ordenado, con el Estado al centro y la tecnología como aliada. Con la posible presencia de CFE, Pemex y los órganos técnicos se refuerza la idea de soberanía antes que velocidad. Abrir el espacio a ciudadanos y especialistas suena bien, pero el desafío no está en el museo, sino en la política pública. México no carece de diagnósticos ni de talento, sino de ejecución constante. La feria servirá para alinear el discurso; el verdadero termómetro será lo que logre permear después del evento en la política pública.
EL CONFLICTO ENTRE la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el gobierno de México refleja una tensión que viene creciendo desde hace años en las carreteras del país. Mientras en el segundo piso de la 4T minimiza bloqueos y cuestiona motivaciones, el gremio que encabeza David Estévez Gamboa opera en un entorno donde la inseguridad ya es parte del negocio. Robos, agresiones y pérdidas se asumen como costos inevitables. La respuesta institucional, lejos de contener el malestar, suma un nuevo frente de confrontación. Sin condiciones mínimas de seguridad, la logística se vuelve frágil y la protesta se convierte en el último recurso. El problema no es la protesta de los transportistas, es la normalización del riesgo en que viven.
BBVA HIZO UN diagnóstico que luce nada agradable. México quiere crecer más sin tocar los impuestos, pero realidad muestra que el margen ya se agotó. Con apenas 8% del PIB disponible para gasto discrecional y una recaudación entre las más bajas de la OCDE, los números no cuadran, de acuerdo con el banco ue encabeza Eduardo Osuna. Apostar sólo a fiscalización e informalidad es políticamente cómodo, pero fiscalmente insuficiente. Sin una reforma que amplíe ingresos, la consolidación seguirá recayendo en recortes a inversión, salud y educación. El riesgo no es romper la ortodoxia fiscal, sino prolongar el bajo crecimiento.
LA PROFECO, QUE encabeza Iván Escalante decidió exhibir a las gasolineras con precios altos como método de presión pública. Señalar márgenes elevados funciona como advertencia, pero no sustituye una política de competencia clara en el mercado de combustibles. Si Pemex mantiene precios estables, como afirma el gobierno, no se debe buscar solamente quién vende caro, sino por qué el consumidor sigue sin alternativas reales. El monitoreo amplificado mete reflector, pero no corrige distorsiones. El evidenciar estaciones puede contener abusos puntuales, aunque difícilmente bajará precios de forma sostenida. Al final, sin mayor competencia o reglas más claras, la gasolina seguirá dependiendo más del discurso que del mercado.
