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SI USTED CREE que la guerra en Irán no nos afecta, le tengo una mala noticia, y es que hubo nuevo acuerdo para fijar en 23.99 pesos el precio máximo del litro de gasolina regular, por lo que el gobierno federal vuelve a contener un precio políticamente sensible en un entorno internacional adverso.
El alza del petróleo, impulsada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, ya llevó el barril a niveles cercanos a los 90 dólares y que presiona a todos los mercados energéticos.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el acuerdo como una medida de protección a la economía familiar, así que mientras en otras partes del mundo el precio sube, en México se busca mantenerlo estable.
El problema está en que, aunque el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, insiste en que no hay subsidios, el propio sector reconoce que el mecanismo para lograrlo es el estímulo al IEPS, es decir, una renuncia recaudatoria por parte del Estado.
Ahí es donde el acuerdo deja de ser neutro, pues no es un secreto que el IEPS a gasolinas es una de las fuentes más importantes de ingresos fiscales ligados al consumo. Cada punto de estímulo implica miles de millones de pesos que el gobierno deja de recaudar.
En 2022, en un entorno similar de precios elevados, Hacienda sacrificó más de 400 mil millones de pesos por este concepto. Pensar que hoy el impacto será marginal es, cuando menos, optimista.
Los empresarios gasolineros, representados por la Onexpo, que preside Enrique Félix Robelo, aseguran que no hay pérdidas y que el sector puede sostener el precio. Eso confirma que el ajuste no se absorbe en la cadena comercial, sino en las finanzas públicas. El acuerdo funcionará mientras Hacienda tenga margen fiscal y mientras el conflicto internacional no escale. Si el petróleo vuelve a rebasar los 100 dólares, la ecuación cambia.
También, mantener artificialmente bajo el precio de la gasolina regular beneficia más a quienes más consumen combustible, no necesariamente a los hogares de menores ingresos. Además, se mantiene intacto el precio de la gasolina premium, con el argumento de que es un mercado pequeño, lo que evidencia que el criterio no es técnico sino político.
El control del precio de la gasolina da estabilidad inmediata y rédito político, pero posterga la discusión de fondo: la dependencia fiscal y económica de un combustible cuyo precio México no controla. El acuerdo compra tiempo, pero a qué costo y quién lo paga.
TRAS EL DESASTRE que armaron los taxistas en el AICM, el Grupo Aeroportuario Marina, que dirige Juan José Padilla, decidió reordenar el servicio de taxis en esa terminal. Las nuevas disposiciones responden a cambios físicos en la terminal y a exigencias normativas, pero llegan en un contexto de alta fricción con los concesionarios tradicionales. El rechazo explícito a las plataformas digitales en la zona federal mantiene un modelo que privilegia a los taxistas y no resuelve la presión por mayor competencia y mejores servicios a través de taxis por aplicación. El bloqueo de accesos por parte de las agrupaciones de taxi va más allá de la logística y toca intereses económicos relevantes, mientras que los usuarios, siguen pidiendo calidad, disponibilidad y costo competitivo del transporte.
TIENDAS 3B TUVO un mal trimestre, la ruptura con su proveedor de terminales de pago obligó a cancelar una cuenta por cobrar de 230 millones de pesos, golpe que se reflejó de forma directa en un desplome de 90% en el EBITDA del cuarto trimestre. A ello se sumó un fuerte cargo no monetario por compensaciones en acciones, que terminó de presionar el flujo operativo. Sin estos factores extraordinarios la propia cadena de Anthony Hatoum reconoce que su desempeño habría sido positivo. Los ingresos crecieron más de 34%, con ventas mismas tiendas al alza, lo que sugiere que la demanda sigue firme. La migración a terminales de un banco de primer nivel y la búsqueda de recursos legales apuntan a una normalización del frente operativo.
PGIM MÉXICO ASEGURÓ un crédito por 656 millones de dólares, La operación, la más grande vigente en su tipo, refuerza la presencia de PGIM Real Estate, que en nuestro país dirige Enrique Lavín, y se alinea con un entorno donde la demanda por infraestructura logística e industrial sigue creciendo. Los más de 100 parques industriales en desarrollo o planeación, de acuerdo con la AMPIP, respaldan esa narrativa de expansión. La participación de Scotiabank como estructurador conjunto añade un componente de solidez financiera al acuerdo. El desafío hacia adelante será sostener este ritmo de inversión en un contexto económico más restrictivo y con mayores exigencias de rentabilidad. Por ahora, la transacción confirma que México sigue en el radar de los grandes inversionistas globales.
EL GOBIERNO FEDERAL, vía la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard, dio su espaldarazo a Volkswagen en Puebla con la intención de ampliar exportaciones y reducir la dependencia de un solo mercado reconoce tanto la capacidad productiva instalada como la complejidad industrial que México ha desarrollado en las últimas décadas. En ese contexto, la comunicación directa con la armadora busca anticipar riesgos y aprovechar nuevas rutas comerciales sin alterar la operación local. La incertidumbre sobre los ajustes laborales en Alemania introduce cautela, pero por ahora no se traslada a la planta poblana. Los proyectos adicionales y la referencia a Audi refuerzan la idea de que la competitividad regional sigue siendo un activo relevante. El reto será convertir ese respaldo político y económico en certidumbre de largo plazo para la inversión y el empleo.
