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LA REVISIÓN DEL Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se aproxima, y con ello, la oportunidad de corregir desequilibrios que han afectado a la industria mexicana, particularmente en el ámbito laboral.
Uno de los puntos más sensibles es el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), una herramienta que ha sido utilizada casi exclusivamente contra empresas mexicanas, especialmente del sector automotriz.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), presidida por Rogelio Garza, alzó la voz en una carta dirigida al Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.
En ella, la AMIA reconoce la importancia del MLRR para proteger los derechos laborales, pero advierte que su aplicación ha sido asimétrica y punitiva, lo que pone en riesgo el espíritu de colaboración que debería regir el T-MEC.
Desde la entrada en vigor del T-MEC en julio de 2020, México ha sido el principal blanco de quejas laborales bajo el MLRR.
De acuerdo con datos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), más de 20 casos han sido interpuestos contra empresas mexicanas, la mayoría en el sector automotriz, mientras que ninguna denuncia ha sido presentada por México contra empresas estadounidenses o canadienses.
Este desequilibrio no solo genera una percepción de injusticia, sino que también afecta la competitividad de la industria mexicana, que ya enfrenta presiones por el aumento de costos, interrupciones en las cadenas de suministro y la competencia global, especialmente de China.
La industria automotriz representa uno de los pilares de la economía mexicana. En 2024, México produjo más de 3.7 millones de vehículos ligeros, de los cuales cerca del 88% fueron exportados, principalmente a Estados Unidos y Canadá.
Este sector genera más de 900 mil empleos directos y representa el 3% del PIB nacional.
Sin embargo, la industria automotriz advierte que la competitividad de la región está en riesgo. La imposición de aranceles, el encarecimiento de la energía y las materias primas, así como la transición tecnológica hacia vehículos eléctricos, han elevado los costos de producción.
A esto se suma el aumento de los salarios, que, si bien responde a una legítima mejora en condiciones laborales, también presiona los márgenes de las empresas.
La propuesta de la AMIA es clara: hacer del MLRR un instrumento verdaderamente trilateral, que permita a México también interponer denuncias laborales contra empresas de Estados Unidos y Canadá. Esto no solo equilibraría el uso del mecanismo, sino que fortalecería la cooperación regional en materia de derechos laborales.
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