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TRES DÉCADAS DESPUÉS de la entrada en vigor del libre comercio en América del Norte, México produce más, exporta más y atrae más inversiones. Sin embargo, millones de trabajadores siguen atrapados en la informalidad, los bajos ingresos y la falta de seguridad social.
Esa es la contradicción que vuelve a aparecer ahora que se aproxima una nueva revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un proceso que inevitablemente pondrá bajo la lupa las condiciones laborales del país.
La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que preside Rogelio Gómez-Hermosillo acaba de presentar una radiografía que dista mucho de la narrativa de éxito económico que suele acompañar las cifras de comercio exterior. Según su más reciente Observatorio de Trabajo Digno, alrededor de 57 millones de mexicanos enfrentan alguna forma de exclusión laboral o precariedad, una cifra que revela la dimensión de un problema estructural que permanece vigente pese a más de treinta años de integración comercial con Estados Unidos y Canadá.
El dato resulta particularmente relevante porque el mercado laboral se ha convertido en uno de los temas más sensibles dentro de la relación económica entre los socios de Norteamérica. Hoy ya no basta con exportar más vehículos, dispositivos electrónicos o productos manufacturados. También importa bajo qué condiciones trabajan quienes participan en esas cadenas de producción.
El informe señala que de los más de 82 millones de mexicanos en edad y condiciones de trabajar, 21.7 millones permanecen excluidos del mercado laboral, mientras que casi 36 millones tienen una ocupación, pero carecen de acceso adecuado a la seguridad social. De estos últimos, más de 32 millones desarrollan actividades en la economía informal.
El empleo existe, pero una parte importante de ese empleo carece de los elementos mínimos para garantizar estabilidad económica y movilidad social.
Otro aspecto que llama la atención es el cuestionamiento a las cifras convencionales de desempleo. De acuerdo con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la desocupación real podría alcanzar 9.7%, equivalente a 6.5 millones de personas. La diferencia radica en que el análisis incorpora a quienes desean trabajar, pero han dejado de buscar empleo activamente ante la falta de oportunidades.
Detrás de esos números aparecen dos segmentos particularmente vulnerables: mujeres y jóvenes.
Las mujeres enfrentan una barrera adicional. Más de 14 millones permanecen fuera del mercado laboral debido a responsabilidades de cuidado no remuneradas, una realidad que continúa limitando su participación económica. Al mismo tiempo, millones de jóvenes siguen encontrando dificultades para acceder a empleos formales con perspectivas de desarrollo profesional.
La precariedad también se refleja en otros indicadores preocupantes. Más de 33 millones de trabajadores perciben ingresos insuficientes, una cantidad similar carece de representación sindical efectiva y cerca de 19 millones laboran sin un contrato estable.
Todo esto ocurre en un momento en que México busca consolidarse como uno de los principales beneficiarios del fenómeno de relocalización de empresas y fortalecer su posición estratégica en América del Norte.
¿Puede una economía aspirar a convertirse en potencia industrial mientras millones de sus trabajadores permanecen en condiciones de vulnerabilidad laboral?
La respuesta probablemente formará parte de las discusiones que acompañarán la revisión del T-MEC.
Porque el otro México, el que no aparece en los récords de exportación ni en los anuncios de inversión extranjera, sigue esperando que los beneficios del crecimiento económico lleguen también a los centros de trabajo.
GRUPO BIMBO, MERCADO Libre, Coca-Cola FEMSA, Heineken, OXXO, Alsea y Siemens, entre otras compañías, decidieron unir recursos para resolver uno de los mayores obstáculos de la electrificación del transporte: la infraestructura de carga. El nuevo Task Force de Infraestructura de Carga parte de un diagnóstico simple: ninguna empresa puede costear por sí sola la red que requieren las flotillas del futuro. El grupo ya identificó más de 320 vehículos de carga con planes de electrificación hacia 2027 y cerca de mil 400 para 2035. El primer laboratorio será el corredor México-Querétaro, donde buscarán desarrollar infraestructura compartida. La iniciativa también refleja un cambio de fondo: las grandes compañías dejaron de esperar soluciones externas y comenzaron a construirlas por cuenta propia.
Y YA QUE mencionamos a la panificadora de Daniel Servijte, Grupo Bimbo volverá a expandir su capacidad productiva en Puebla con una inversión de mil 700 millones de pesos para una nueva planta. El anuncio confirma que la panificadora mantiene una estrategia enfocada en fortalecer mercados donde ya cuenta con infraestructura, proveedores y redes de distribución consolidadas. La elección de Puebla tampoco es casual: la entidad se ha convertido en uno de los polos manufactureros más dinámicos del país. Aunque todavía faltan detalles sobre el alcance del proyecto, el movimiento refleja la confianza de la empresa en el crecimiento de la demanda y en la eficiencia de sus operaciones mexicanas. Para Bimbo, el desafío ya no es ganar escala global, sino hacer más competitiva la que ya tiene.
LA OFENSIVA CONTRA el CJNG entró en una fase distinta. A partir de información compartida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Omar Reyes Colmenares, no sólo congeló cuentas y presentó denuncias penales, también amplió la lista de personas y empresas bajo investigación. El foco está puesto en una red financiera que, según las autoridades, utilizaba efectivo, bienes de lujo, inmuebles, transferencias internacionales y activos virtuales para mover recursos. Particular atención despertaron compañías con actividad económica mínima, pero con operaciones millonarias. La estrategia busca algo más que decomisos o capturas: limitar la capacidad financiera que sostiene a las organizaciones criminales. En esta batalla, el dinero se ha convertido en un objetivo tan relevante como los propios líderes del cártel.
ENTRE REVISIONES COMERCIALES, amenazas arancelarias y negociaciones permanentes con Washington, México logró conservar uno de sus principales activos: el acceso preferencial al mercado estadounidense. La confirmación de Marcelo Ebrard de que no habrá nuevos aranceles para las exportaciones que cumplen con las reglas del TMEC evita un escenario que preocupaba a diversas industrias. El dato más relevante es que cerca de 85% de las ventas mexicanas a Estados Unidos seguirán entrando con arancel cero. No significa que las tensiones comerciales hayan desaparecido, pero sí que el tratado mantiene su capacidad de proteger buena parte del intercambio bilateral. En una etapa de incertidumbre global, preservar certidumbre también cuenta como una victoria.
