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HAY UNA VIEJA máxima en el servicio público: quien tiene el poder de regular debe ser el primero en tolerar el escrutinio. Esa premisa cobra especial relevancia ahora que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), encabezada por Norma Solano Rodríguez, abre la consulta pública para definir los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias, que se realizará 27 de julio al 21 de agosto.
En el papel, el objetivo parece inmejorable: distinguir con claridad entre información, opinión, publicidad y desinformación. El problema comienza cuando el propio regulador parece olvidar que la libertad de expresión también protege a quienes informan sobre él.
La discusión no gira únicamente alrededor de códigos de ética, defensores de las audiencias o mecanismos de queja. También debería preguntarse ¿Qué autoridad moral tiene un regulador para exigir pluralidad y tolerancia si, frente a notas periodísticas que le resultan incómodas, responde con presión institucional en lugar de privilegiar el debate público?
En distintos espacios periodísticos existe la percepción de que el área de Comunicación Social de la CRT, encabezada por José Solís Juárez, ha optado por una estrategia que rebasa la legítima aclaración institucional. Las llamadas a editores, las tarjetas informativas enviadas para cuestionar coberturas y los intentos de persuadir cambios en publicaciones alimentan una preocupación que no debería minimizarse.
Aclaremos algo. Toda dependencia pública tiene derecho a responder cuando considera que una información es inexacta. Lo que resulta preocupante es cuando la respuesta no consiste en demostrar con documentos, cifras o evidencia que una publicación es falsa, sino en ejercer presión para modificar el contenido editorial.
Una tarjeta informativa no sustituye un desmentido. Mucho menos constituye prueba. Si una nota contiene errores, existen mecanismos transparentes para acreditarlo. Si los datos son incorrectos, se exhiben documentos. Si los hechos no ocurrieron, se presentan evidencias. Lo demás termina pareciendo un intento de administrar la narrativa desde el poder.
Y ese escenario adquiere una dimensión todavía más delicada cuando la institución involucrada será precisamente la encargada de definir las reglas sobre los derechos de las audiencias.
La historia reciente de México ofrece suficientes lecciones. Los derechos de las audiencias nacieron para proteger al ciudadano frente a los abusos de los concesionarios, no para convertir al regulador en un árbitro del contenido periodístico. La Suprema Corte ya tuvo que intervenir en el pasado para delimitar competencias y evitar excesos regulatorios. Esa memoria institucional no debería olvidarse.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en combatir la desinformación. Es un objetivo legítimo. Pero también lo es preservar un ambiente donde los periodistas puedan investigar, publicar y cuestionar sin sentir que una oficina gubernamental revisará cada encabezado incómodo.
La mejor defensa de los derechos de las audiencias no será un reglamento más estricto, sino un regulador que predique con el ejemplo. Porque cuando una autoridad parece actuar como inquisidor de la prensa, inevitablemente pone en duda su compromiso con la libertad de expresión. Y un regulador cuya imparcialidad es cuestionada termina debilitando precisamente aquello que dice proteger.
ENTRE ANUNCIOS DE aranceles y revisiones comerciales, el gobierno mexicano consiguió mantener intacto uno de sus principales intereses: el acceso preferencial al mercado de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum aseguró que el cambio de Washington de la Sección 122 a la Sección 301 no altera las condiciones vigentes para México, ya que las exportaciones amparadas por el TMEC conservan sus beneficios. En términos prácticos, alrededor del 85% de los productos mexicanos seguirá ingresando sin aranceles al mercado estadounidense. El episodio confirma que, pese al endurecimiento del discurso comercial en Washington, el tratado sigue funcionando como el principal escudo para la integración económica regional. En momentos de incertidumbre global, la continuidad también tiene valor.
LA INTEGRACIÓN ENTRE Fibra Macquarie y Fibra Mty, que capitanea Jorge Ávalos Carpinteyro, entra en una etapa decisiva. Los tenedores deberán votar en 2026 el relevo de Macquarie Asset Management como administrador del fideicomiso para dar paso al nuevo esquema de gestión encabezado por Fibra Mty. El movimiento va más allá de un trámite corporativo: busca garantizar continuidad operativa y certidumbre para uno de los portafolios industriales más relevantes del mercado inmobiliario. La aprobación también implicará ajustes al contrato de fideicomiso y a la estructura de gobierno del vehículo. En un sector donde la confianza de los inversionistas depende de la estabilidad de largo plazo, la transición será observada con atención por el mercado.
DURANTE AÑOS, EL desafío de la industria tequilera fue garantizar suficiente agave. Hoy ocurre exactamente lo contrario. La sobreproducción acumulada en los últimos cinco años provocó un desplome de hasta 92% en el precio de la materia prima, dejando a miles de productores con márgenes mínimos y, en algunos casos, con sembradíos abandonados. El Consejo Regulador del Tequila, presidido por Aurelio Rocha, reconoce que esta situación ya está favoreciendo la propagación de plagas en distintas zonas de la denominación de origen. Paradójicamente, el tequila mantiene buen desempeño en exportaciones, especialmente hacia Estados Unidos, pero ese crecimiento aún no logra absorber el excedente de agave. La industria enfrenta el desafío de equilibrar producción, demanda y rentabilidad para evitar que uno de los mayores éxitos agroindustriales de México termine afectando a quienes cultivan su principal insumo.
LA DESIGNACIÓN DE grupos del narcotráfico mexicano como organizaciones terroristas transnacionales por parte de Estados Unidos volvió a colocar el tema de la seguridad en el centro de la relación bilateral. Para Alejandro Desfassiaux, fundador de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, la decisión refleja la preocupación de Washington por el impacto del fentanilo, responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año. El especialista sostiene que México debe fortalecer su respuesta institucional frente a la infiltración del crimen organizado en distintos ámbitos de la vida pública y económica. Más allá del debate político, el tema ya forma parte de la agenda de seguridad nacional de ambos países. La discusión no gira únicamente alrededor del combate al narcotráfico, sino de las implicaciones que esta nueva clasificación podría tener para la cooperación y la relación entre México y Estados Unidos.
