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LA PUBLICACIÓN DE los nuevos reglamentos del sector eléctrico en México marca un antes y un después en la implementación de la reforma energética 2024/25.
Sin embargo, más allá del lenguaje técnico y las fórmulas de planeación, lo que está en juego es el futuro de la inversión privada en un mercado que busca consolidar la prevalencia del Estado sin perder eficiencia ni competitividad.
Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el nuevo andamiaje legal tiene potencial, pero también riesgos.
La planeación vinculante, el mandato del 54% de participación estatal en la generación eléctrica y los esquemas de inversión mixta son mecanismos que podrían fortalecer al Estado, pero también generar incertidumbre si no se aplican con transparencia y visión de largo plazo.
El concepto de “prevalencia del Estado”, que exige que al menos 54% de la energía inyectada a la red provenga de infraestructura estatal o asociada, no es en sí mismo una barrera para la inversión privada.
El problema surge cuando se interpreta como una exclusión. Si el Estado busca cumplir este mandato limitando la entrada de capital privado, el resultado será un mercado menos competitivo, más caro y menos eficiente.
La clave está en entender que la participación estatal puede incluir proyectos privados que operen bajo contratos con la CFE o esquemas de Producción Independiente.
Pero para que esto funcione, se necesita certeza jurídica, respeto contractual y reglas claras que no cambien con cada administración.
La sustitución del PRODESEN por el nuevo PLADESE como instrumento rector de planeación es otro cambio relevante.
Su carácter vinculante implica que cualquier proyecto debe alinearse con las prioridades del Estado. Esto puede ser útil para evitar inversiones descoordinadas, pero también puede convertirse en una camisa de fuerza que limite la innovación y la competencia.
La ventana para que los privados presenten proyectos ante la Secretaría de Energía, que encabeza Luz Elena González Escobar; es positiva, pero insuficiente si no se garantiza que estas propuestas sean consideradas con criterios técnicos y no políticos.
La discrecionalidad en el otorgamiento de permisos es una amenaza latente.
Los esquemas de inversión mixta, donde el Estado participa con al menos 54% en proyectos eléctricos, parecen ser la fórmula preferida del gobierno para expandir la capacidad de generación.
Casos como la compra de activos de Iberdrola o el uso de Banobras para financiar deudas de Pemex muestran que el modelo puede funcionar.
Pero su éxito dependerá de procesos competitivos, transparencia en los fideicomisos y una verdadera rendición de cuentas. Si los socios privados son elegidos por afinidad política y no por capacidad técnica, el modelo se desvirtúa.
A pesar de los avances, el marco regulatorio está incompleto. Las nuevas Reglas del Mercado, los lineamientos para generación distribuida, almacenamiento, interconexión y tarifas reguladas son piezas fundamentales que aún están pendientes.
Sin ellas, el sistema opera con reglas heredadas de la CRE, lo que genera confusión y frena decisiones de inversión.
La Comisión Nacional de Energía (CNE), que dirige Juan Carlos Solís Ávila, tiene la responsabilidad de cerrar este ciclo normativo con criterios técnicos, inclusivos y modernos. No hacerlo sería desperdiciar la oportunidad de construir un mercado eléctrico robusto, competitivo y sostenible.
EL CONSUMO PRIVADO en México muestra señales de desaceleración tras cuatro años de crecimiento sostenido. Aunque septiembre cerró con una ligera alza mensual, el Indicador Oportuno del Consumo Privado acumuló una caída anual de 0.03% entre enero y septiembre, la primera desde 2020. Esta tendencia podría reflejar cautela en los hogares ante un entorno económico incierto. Para el sector empresarial, es un llamado a ajustar estrategias ante un consumidor más reservado.
