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La propuesta de imponer un cobro de hasta 2% a celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento encarecería la tecnología para millones de mexicanos, bajo el argumento de compensar derechos de autor. En un país que busca acelerar su digitalización, la medida podría terminar castigando a consumidores, estudiantes, emprendedores y empresas por igual.
Realidad Aumentada
Adrián Campos
Hay impuestos que nacen para corregir distorsiones económicas y hay otros que parecen surgir simplemente porque el gobierno necesita recaudar más. La propuesta para aplicar un cobro de hasta 2% a celulares, computadoras, tabletas, memorias USB y cualquier dispositivo capaz de almacenar o reproducir contenidos digitales pertenece peligrosamente a la segunda categoría.
La idea se presenta como una “remuneración compensatoria por copia privada” para autores y titulares de derechos de autor. Sus promotores insisten en que no es un impuesto. Técnicamente podrán llamarlo como quieran, pero para el ciudadano que llegue a una tienda a comprar un celular o una laptop, el resultado será exactamente el mismo: pagar más por la tecnología.
Lo preocupante no es solamente el cobro, sino la lógica detrás de él.
La propuesta parte de una presunción extraordinaria: si un dispositivo tiene la capacidad de almacenar música, videos, libros o cualquier obra protegida, entonces debe pagar una compensación, aunque el usuario jamás realice una copia privada de dichos contenidos.
Siguiendo esa lógica, un estudiante que utiliza su laptop exclusivamente para estudiar, un diseñador gráfico que trabaja con archivos propios o una pequeña empresa que almacena facturas electrónicas terminarían financiando una actividad que nunca realizaron. Es una especie de culpabilidad anticipada aplicada a la tecnología.
La afectación sería especialmente relevante en el mercado más importante para la digitalización del país: los smartphones.
De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU), en México se comercializaron 35 millones de smartphones durante 2025 y el gasto promedio por equipo alcanzó los 5,009 pesos.
Si el cobro llegara al máximo planteado de 2%, el consumidor promedio pagaría alrededor de 100 pesos adicionales por dispositivo. Puede parecer poco, pero multiplicado por los 35 millones de teléfonos vendidos anualmente representa más de 3,500 millones de pesos adicionales que saldrían de los bolsillos de consumidores, familias y empresas.
Y todo esto ocurre cuando el propio mercado muestra señales de cautela. Los mexicanos ya están extendiendo el ciclo de reemplazo de sus teléfonos a cerca de 26 meses, una muestra de que el dinero no alcanza para renovar dispositivos tan frecuentemente como antes.
El mensaje también resulta contradictorio.
Por un lado, el gobierno habla de inclusión digital, educación tecnológica, transformación digital y acceso universal a internet. Por otro, pretende encarecer justamente las herramientas que permiten alcanzar esos objetivos.
Un celular ya no es un artículo de lujo. Es una herramienta de trabajo. Lo utiliza el conductor de una plataforma de transporte, el comerciante que cobra con QR, el repartidor que recibe pedidos y el profesionista que trabaja de forma remota.
Lo mismo ocurre con las computadoras. En un entorno donde la productividad, la educación y los negocios dependen cada vez más de la tecnología, aplicar nuevos cargos a estos equipos equivale a cobrar una cuota de entrada a la economía digital.
Mientras otros países buscan reducir barreras para aumentar la adopción tecnológica, México parece dispuesto a recorrer el camino contrario.
La discusión jurídica sobre si es impuesto, contribución o compensación resulta irrelevante para la mayoría de los ciudadanos.
Cuando alguien paga más por un producto debido a una disposición gubernamental, lo percibe como un impuesto.
Y aquí aparece otro problema. El dinero no surgirá de la nada. Los fabricantes e importadores trasladarán el costo a distribuidores; los distribuidores a los comercios; y estos, finalmente, al consumidor.
La historia económica demuestra que casi siempre ocurre así.
La pregunta es si México necesita una política que incentive la adopción tecnológica o una que la encarezca.
Porque cada peso adicional que se cobra a un celular, una laptop o una tableta es un peso menos para la educación, el emprendimiento y la productividad. Es una barrera más para quienes buscan integrarse a una economía cada vez más digital.
Lo más inquietante es que esta propuesta surge en un momento en que las finanzas públicas enfrentan crecientes presiones de gasto. Y entonces resulta inevitable preguntarse si el verdadero objetivo es compensar a los autores o simplemente encontrar una nueva fuente de ingresos donde millones de consumidores no tengan forma de escapar.
En un país con rezagos de conectividad, bajos niveles de adopción tecnológica en muchos sectores y una economía que necesita ser más competitiva, gravar la tecnología no parece una política cultural.
Parece una política recaudatoria. Y una bastante torpe.
