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CLAUDIA SHEINBAUM, LA presidenta electa, confirmó lo que días atrás ya todo mundo daba por hecho: el director de Pemex sería Víctor Rodríguez Padilla.
El investigador y profesor de la UNAM, co autor junto con la ahora Presidenta electa de algunos ensayos sobre el sector energético, se sacó la rifa del tigre… y parece que no se ha dado cuenta realmente.
Este nombramiento marca el inicio de una etapa crucial para la petrolera, que enfrenta no solo problemas financieros, sino también la necesidad de alinearse con los objetivos de transición energética.
Rodríguez Padilla asume el cargo en un momento en que Pemex tiene una deuda financiera bruta que asciende a 1.83 billones de pesos, una cifra que representa 5.3% del PIB de México.
Según Moody’s, la situación financiera de Pemex es tan crítica que requerirá alrededor de 19 mil millones de dólares para 2026 solo para cubrir sus obligaciones financieras.
¿Cómo hará Rodríguez para manejar la deuda y, al mismo tiempo, avanzar hacia una transición energética que permita mantenerse vigente en un mercado global cada vez más enfocado en energías limpias?
La tarea no es fácil, especialmente cuando se considera que los apoyos gubernamentales, que han sido una constante en los últimos años, podrían no ser suficientes para sostener a la empresa a largo plazo.
Además, la continuidad de la estrategia de soberanía energética, que incluye la operación de refinerías como Dos Bocas, añade otro nivel de complejidad.
La presión por aumentar la producción de petróleo y, al mismo tiempo, reducir las pérdidas registradas en el negocio de refinación, coloca a Rodríguez Padilla en una posición delicada.
La calificación crediticia de Pemex, actualmente en B3 con perspectiva negativa de Moody’s, refleja las expectativas de los mercados sobre la capacidad de la empresa para cumplir con sus compromisos.
Cualquier error en la gestión de su deuda podría desencadenar una nueva rebaja en su calificación, aumentando así los costos de financiamiento y poniendo en riesgo su estabilidad.
En este escenario, la coordinación entre Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y otras áreas del gobierno, será esencial.
La transición energética, si bien es un objetivo ambicioso y necesario, debe ir de la mano con una estrategia financiera robusta que permita a Pemex sortear los desafíos que enfrenta.
LA INVERSIÓN QUE BYD insiste en asegurar que sigue firme, es la tan anunciada para construir una planta de producción en México, que generará aproximadamente 10 mil empleos. La automotriz que capitanea Jorge Vallejo dice que ya tiene a los estados finalistas para la ubicación de su fábrica, los cuales son Nuevo León, Puebla y San Luis Potosí. Se espera que en la primera etapa de la planta se produzcan alrededor de 150 mil unidades. Para la segunda fase, la proyección es aún más ambiciosa, con la meta de producir entre 400 mil y 500 mil unidades en los próximos años. Sin embargo, la realidad es que BYD no la anuncia.
MIENTRAS AQUÍ LLEGAN marcas chinas, el gobierno de Canadá busca proteger a sus fabricantes nacionales al imponer nuevos aranceles. A partir del 1 de octubre de 2024, aplicarán un impuesto de 100% a los vehículos eléctricos de batería (BEV) fabricados en China e importados al país. El sector automotriz canadiense, altamente integrado con el de Estados Unidos, exporta la gran mayoría de su producción de vehículos ligeros al sur de la frontera. La ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, ha abogado por un enfoque más riguroso hacia las exportaciones de vehículos chinos y una mayor alianza comercial con Estados Unidos.
FOXCONN ANUNCIÓ UNA inversión de 241.2 millones de dólares. El objetivo de la tecnológica es ampliar su capacidad de producción de servidores de inteligencia artificial (IA) para capitalizar la creciente demanda global de servidores de IA. A través de una de sus filiales en Singapur, Foxconn aumentará su participación accionaria en su subsidiaria mexicana FII AMC México. En febrero pasado, Foxconn también invirtió 453 millones de pesos para comprar un terreno de 421 mil 600 metros cuadrados en Jalisco, gobernado por Enrique Alfaro, como parte de su expansión en la producción internacional de servidores de IA.
EL INSTITUTO FEDERAL de Telecomunicaciones (IFT) consideró que su extinción representa un retroceso significativo en la regulación y supervisión de sectores clave como las telecomunicaciones y la radiodifusión. En tan solo 11 años, el instituto que hoy lidera Javier Juárez Mojica, logró reducir en un 32% el costo de los servicios de comunicaciones para la población, a pesar del aumento de la inflación. Además, la penetración de internet ha crecido de 45% a 81.2% de la población en una década, beneficiando a 51 millones de personas.
