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EL PASADO 13 de mayo, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, presentó las metas de atención para 2025.
Según lo anunciado, esta institución —encargada de brindar servicios de salud gratuitos a personas sin seguridad social— prevé otorgar 50 millones de consultas generales, 5 millones de consultas de especialidad y un millón de cirugías.
Aunque estas cifras podrían parecer alentadoras, representan una reducción significativa respecto a años anteriores. En 2016, el extinto Seguro Popular alcanzó un máximo histórico de 90.1 millones de consultas, de las cuales 68 millones correspondieron a los 23 estados que hoy están suscritos al IMSS-Bienestar.
Si las metas actuales se refieren solo a estos estados, la caída es del 27%. Si se trata de una meta nacional, el retroceso sería del 45%.
Este contraste entre la reducción en la atención médica y el volumen creciente de recursos públicos destinados al sistema de salud plantea preguntas importantes. Mientras las metas de atención se ajustan a la baja, el negocio de las compras públicas en salud sigue en expansión.
A través de la Compra Consolidada del Sector Salud 2025-2026, el Gobierno de México ha lanzado una estrategia para adquirir medicamentos e insumos médicos bajo principios de transparencia, eficiencia y reducción de costos. Esta estrategia busca garantizar el abasto de medicamentos para todo el Sistema Nacional de Salud, incluyendo al IMSS-Bienestar, y ha movilizado recursos por más de 100 mil millones de pesos en años recientes.
En la plataforma oficial de adjudicaciones del sector salud, se pueden consultar contratos recientes que incluyen desde medicamentos oncológicos hasta material de curación y servicios logísticos.
Sin embargo, no se encuentra información desagregada que permita saber cuántos de estos insumos están destinados específicamente al IMSS-Bienestar. Esta falta de claridad impide evaluar si las compras están alineadas con las necesidades reales de la población sin seguridad social.
Además, la opacidad en los datos del IMSS-Bienestar es otro factor preocupante. Actualmente, no es posible conocer cuántas personas han sido atendidas, qué tipo de servicios han recibido, ni cuántos egresos hospitalarios se han registrado.
Esta falta de transparencia limita la posibilidad de evaluar el cumplimiento de metas y la eficiencia del gasto público. A pesar de que se promueve un modelo de compras con principios de apertura y rendición de cuentas, la información disponible no permite verificar si los recursos están siendo utilizados de manera efectiva.
Es urgente establecer mecanismos de transparencia que permitan conocer en detalle tanto los resultados en salud como el destino de los recursos públicos. Solo así se podrá garantizar que el derecho a la salud se traduzca en una atención digna y oportuna para todas las personas, sin importar su condición laboral o lugar de residencia.
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