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El Órgano Interno de Control de la Lotería Nacional impuso una multa de 135 mil pesos a TRIARA, filial de TELMEX, por violaciones a la Ley de Adquisiciones. La sanción representa apenas el 0.05% del valor del contrato, que superó los 200 millones de pesos.
Transferencia indebida de obligaciones contractuales
TRIARA fue sancionada por transferir sin autorización obligaciones esenciales del contrato a otra empresa. Esta acción violó el artículo 46 de la LAASSP y pone en duda la integridad del proceso de contratación.
Durante la adjudicación directa, TRIARA presentó documentación que acreditaba capacidades técnicas que no demostró en la práctica. La ejecución fue delegada a un tercero, lo que plantea dudas sobre la veracidad de la información presentada.
La empresa subcontratada ejecutó funciones clave sin autorización ni relación contractual con LOTENAL. Su participación activa en el esquema irregular la convierte en corresponsable, aunque no enfrenta sanciones.
Vacíos legales que favorecen la impunidad
La LAASSP no contempla sanciones específicas para subcontratistas que colaboran en esquemas irregulares. Esto crea un incentivo perverso: se obtienen beneficios sin enfrentar consecuencias legales.
De la inhabilitación a una multa simbólica
Inicialmente, el OIC consideró inhabilitar a TRIARA para futuras contrataciones públicas. Sin embargo, tras un recurso legal, la sanción se redujo a una multa mínima, lo que ha generado críticas por su falta de proporcionalidad.
Expertos en contratación pública consideran que una multa de esta magnitud no cumple con su función disuasoria ni correctiva. El caso refleja una debilidad estructural en el régimen de sanciones administrativas.
El caso plantea la posibilidad de que TRIARA opere bajo un esquema donde obtiene contratos para luego subcontratar su ejecución, lo cual está prohibido por la ley y compromete la transparencia del gasto público.
Un precedente preocupante para la contratación pública
Cuando las sanciones son simbólicas frente a beneficios millonarios, el mensaje para el mercado es claro: violar la ley puede ser rentable. Esto debilita la confianza en los mecanismos de control y supervisión.
El caso TELMEX–LOTENAL evidencia la necesidad de revisar los procedimientos de adjudicación directa, fortalecer la supervisión contractual y reformar el régimen sancionador para garantizar consecuencias reales ante infracciones graves.
