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CUANDO EN 2023 la fintech argentina Ualá anunció la compra de ABC Capital, el mercado la leyó como una jugada estratégica brillante. Obtener una licencia bancaria en México, uno de los mercados financieros más atractivos de América Latina, parecía acelerar años de crecimiento.
Sin embargo, detrás de la operación venía escondido un problema mucho más complejo: una institución cargada de cartera vencida, litigios históricos y expedientes que hoy amenazan con convertirse en una pesada losa para la empresa que dirige Andrés Rodríguez Ledermann.
No es un secreto que el sistema financiero mexicano atraviesa un momento delicado. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cartera vencida del sector bancario ronda niveles cercanos al 2.5% promedio. En algunos segmentos de crédito al consumo puede superar el 4%. Pero lo que heredó Ualá dista mucho de esos parámetros.
La cartera vencida de ABC Capital llegó a alcanzar niveles superiores al 70%, una cifra que en cualquier banco sería considerada crítica y que refleja problemas estructurales de originación, cobranza y administración del riesgo. Si bien la nueva administración ha realizado un agresivo proceso de saneamiento, el problema sigue lejos de resolverse completamente.
Los números muestran avances. La morosidad pasó de 29.34% durante 2024 a 16.88% hacia mediados de 2025. La reducción es significativa y habla de una estrategia de limpieza financiera respaldada por inyecciones de capital y una mayor disciplina operativa. Sin embargo, el indicador sigue siendo casi siete veces superior al promedio de la banca mexicana.
El asunto financiero es apenas una parte de la historia, ya que desde 2019 arrastran conflictos judiciales derivados de operaciones inmobiliarias relacionadas con Man Grupo Inmobiliario y Alin, empresas vinculadas a los desarrolladores Óscar y Eduardo López Coello. Las firmas sostienen que ABC Capital incumplió compromisos de financiamiento previamente acordados para proyectos de vivienda y que además dejó de tramitar operaciones ya concretadas, provocando pérdidas económicas relevantes.
El caso nunca fue catalogado formalmente como un fraude masivo, pero sí evolucionó hacia una disputa legal compleja que terminó involucrando reguladores, acreedores y posteriormente a Ualá como sucesora de la institución financiera.
Ahí está el verdadero desafío para la fintech. Mientras el mercado celebra el crecimiento de los neobancos en México, donde ya existen más de 15 millones de cuentas digitales y la inversión en fintech supera los 2 mil millones de dólares anuales, Ualá mantiene la mirada puesta en el pasado.
Porque los clientes digitales llegan rápido, pero los problemas legales no desaparecen con una aplicación móvil.
En los pasillos financieros comienza a comentarse que una nueva demanda estaría próxima a presentarse. De concretarse, la compañía enfrentaría otro episodio derivado de una herencia que nunca generó, pero que sí adquirió.
Comprar una licencia bancaria puede acelerar el crecimiento. Comprar también los expedientes pendientes de un banco, en cambio, puede terminar convirtiéndose en una bomba de tiempo. Y en Ualá parecen estar descubriéndolo a contrarreloj.
LA MINERA SINDA concretó su debut en el mercado bursátil de Estados Unidos mediante una oferta pública inicial que le permitió captar 307 millones de dólares. La operación incluyó una colocación de acciones y una inversión adicional de Fresnillo, filial de Industrias Peñoles. La empresa desarrolla un proyecto de oro y plata ubicado en uno de los cinturones mineros más importantes de México. De acuerdo con la compañía, cuenta con concesiones que abarcan más de 6 mil hectáreas con potencial de alta ley. Parte de los recursos obtenidos se destinarán a exploración y desarrollo del proyecto. Fresnillo adquirió una participación cercana al 5% de la empresa. Aunque Sinda aún no genera ingresos, busca avanzar en la evaluación y explotación de sus recursos minerales. La operación refuerza la tendencia de empresas con activos en México que optan por los mercados estadounidenses para obtener financiamiento.
EL GOBIERNO FEDERAL formalizó la asignación del Centro SCOP a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). El inmueble será utilizado como sede de oficinas administrativas, resguardo del archivo histórico de la dependencia que encabeza Jesús Esteva y para el desarrollo del Parque del Muralismo Mexicano. El predio cuenta con más de 58 mil metros cuadrados y se ubica en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. La asignación otorga el uso del inmueble, pero no transfiere su propiedad, que permanece en manos de la Federación. El edificio cuenta con valor artístico reconocido por el INBAL, por lo que cualquier intervención requerirá autorizaciones especiales. La SICT será responsable de su conservación, mantenimiento y resguardo. El proyecto sustituye propuestas anteriores que contemplaban otros usos para el complejo. La decisión busca preservar el patrimonio cultural y fortalecer las funciones administrativas de la dependencia.
EL GOBIERNO FEDERAL formalizó el relanzamiento del sistema ferroviario nacional para el periodo 2026-2030. El programa, a cargo de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi), contempla la construcción de 3,300 kilómetros de vías para pasajeros y 38 estaciones en distintas regiones del país. La estrategia busca fortalecer la conectividad, impulsar la movilidad sustentable y reducir brechas regionales. Entre los proyectos prioritarios destacan las rutas AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. Además, se prevé reforzar el transporte de carga mediante el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. De acuerdo con la SICT, el objetivo es recuperar el servicio ferroviario de pasajeros que desapareció tras la privatización de los ferrocarriles en los años noventa. El plan también busca elevar la cobertura ferroviaria y mejorar la eficiencia logística nacional. Se trata de una de las apuestas de infraestructura más ambiciosas de la actual administración.
LOS INGRESOS DEL Gobierno federal alcanzaron 2.78 billones de pesos entre enero y mayo de 2026, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La cifra representa un incremento de casi 36 mil millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior. El crecimiento fue impulsado principalmente por una mayor recaudación tributaria. De acuerdo con el SAT, los ingresos por impuestos sumaron 2.47 billones de pesos, con un aumento de casi 66 mil millones de pesos. Destacaron los avances en la recaudación de IVA, que creció en cerca de 50 mil millones de pesos, y del IEPS, con un incremento superior a 30 mil millones de pesos. Asimismo, el ISR aportó más de 1.34 billones de pesos. La autoridad fiscal atribuyó estos resultados al cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. El desempeño fortalece los ingresos públicos y la capacidad de financiamiento del gobierno federal.
