Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 1 segundos
LA VISITA DEL representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, encuentra a México en una etapa delicada, pero también de reposicionamiento, no sólo porque se abre una nueva fase de diálogo en torno al T‑MEC, sino porque el Gobierno federal parece haber asumido que ningún intercambio con Washington puede hacerse sin antes afinar posiciones internas.
Durante el encuentro entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza José Medina Mora, hubo un consenso en que se debe llegar con una sola voz. En una negociación donde los márgenes de error cada vez son más estrechos, la falta de coordinación interna puede costar más que cualquier desacuerdo externo.
El tratado ya no se discute solamente en el terreno del libre comercio, sino en problemas acumulados como lo son los aranceles vigentes bajo la Sección 232, cuotas al agro mexicano, tensiones logísticas y una reconfiguración global de cadenas de suministro que empuja a América del Norte a cerrarse filas frente a Asia. En ese contexto, la revisión del T‑MEC es una prueba de consistencia.
Que el Gobierno de México y empresarios coincidan en hablar de certeza jurídica, reglas claras y condiciones para atraer inversión no es una novedad, lo realmente relevante es que esos conceptos se presenten como compromisos operativos, no como frases intercambiables en comunicados. La relocalización de empresas sólo ocurre donde las reglas se cumplen sin interpretaciones cambiantes.
La postura mexicana, centrada en evitar nuevos aranceles y garantizar la continuidad del tratado, es sensata, aunque defensiva.
La discusión de fondo es cómo convertir al país en un eslabón indispensable de las cadenas productivas regionales, más allá de bajos costos o ventajas coyunturales. Sin integración real, el discurso del nearshoring se queda corto.
En ese sentido, el trabajo paralelo del CCE en Washington es una señal positiva, ya que la agenda comercial ya no se negocia únicamente en mesas formales, sino en la construcción anticipada de entendimientos, presión política y alineación de intereses empresariales a ambos lados de la frontera.
México llega a esta cita con más orden interno que en revisiones anteriores. Ahora falta comprobar si esa coordinación se traduce en una postura firme, clara y sostenible frente a un socio que, histórica y sistemáticamente, negocia desde la ventaja.
LA EXPANSIÓN DE Elektra Motos muestra la buena lectura que Grupo Salinas hace del momento que vive el mercado de motocicletas en México. Con su nueva expansión al abrir agencias nuevas y transformar puntos de venta existentes apunta a algo más que volumen: busca dominar la experiencia y el territorio. El formato especializado multimarca responde a un consumidor que ya compara, decide y exige. Al superar las 100 agencias, la empresa de Ricardo Salinas Pliego confirma una estrategia de presencia nacional sostenida, no improvisada. Estados como Jalisco, Chiapas o Sinaloa se vuelven clave para capturar una demanda que crece desde la movilidad cotidiana y el trabajo informal. La motocicleta se consolida como activo productivo, no solo como bien de consumo. Elektra Motos acelera donde otros aún dudan.
EL ALZA DEL petróleo vuelve a poner presión sobre unas finanzas públicas que ya caminan en la cuerda floja. Aunque el crudo caro deja ingresos adicionales, el costo de sostener los subsidios a gasolinas termina rebasándolos. Un análisis de GBM Research, el brazo analítico de Grupo Bursátil Mexicano, advierte que el balance mensual sigue en números rojos. La política de estímulos vía IEPS contiene la inflación, pero traslada el golpe al erario. Se gana estabilidad en precios, se pierde margen fiscal. Desde la lectura de la firma que dirigen Pedro de Garay y José Antonio Salazar, el esquema actual depende demasiado de factores externos. Mientras el precio del barril no alcance niveles suficientes, el desfase persiste.
EL MRO DE la antigua Mexicana de Aviación obtuvo un respiro y que hubo una prórroga del fideicomiso firmada por Banorte, que dirige Marcos Ramírez, que evita el colapso inmediato, pero no resuelve que nadie ha puesto aún una oferta sobre la mesa para su compra y solo lo extiende a 2027. La incertidumbre se acentúa con el paso de los días, y es que sin avalúo no hay precio y sin precio no hay compradores, por más interés histórico que exista. Los sindicatos lo saben y por eso insisten en sanear pasivos antes de hablar de ventas reales. El activo sigue operando, pero en pausa decisoria permanente. Las referencias de valor, como la de ASA, sirven más como ancla narrativa pero no son una solución. Si el proceso no se acelera, 2027 solo será otro aplazamiento.
EL NUEVO ACUERDO para topar los precios de gasolinas y diésel confirma hasta qué punto el combustible se ha convertido en una variable política antes que económica. El gobierno de Claudia Shienbaum está optando por administrar el precio como si fuera una extensión del ingreso familiar, aun cuando el entorno internacional va por otra ruta. El tope no elimina presiones, solo las redistribuye entre distribuidores, márgenes y finanzas públicas. El discurso del segundo piso de la 4T habla de colaboración, pero en la práctica se trata de aceptar costos que alguien más debe absorber. El diésel vuelve a tensar el esquema por su mayor exposición al mercado global. Sostener precios artificialmente bajos requiere recursos y paciencia. Ambas cosas son finitas.
