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SEGURAMENTE USTED NO conoce la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, lo cual es muy grave debido al papel que debe tener, y es que la agencia que, desde ayer dirige Andrea González Hernández, atraviesa uno de los momentos más delicados desde su creación, no por falta de atribuciones, sino por la distancia creciente entre lo que debería hacer y lo que efectivamente ha hecho.
Y esto viene a colación por los incidentes en la refinería de Dos Bocas, una explosión que dejó cinco personas muertas, la fuga de hidrocarburos y la contaminación del Río Seco, son solo la punta del iceberg en una cadena de omisiones que se ha repetido en distintos puntos del país sin una corrección de fondo.
La ASEA fue diseñada para prevenir este tipo de escenarios, en teoría, su mandato abarca la supervisión de la seguridad industrial, la operación de instalaciones críticas, el cumplimiento ambiental y la capacidad de respuesta ante emergencias en toda la cadena del sector hidrocarburos.
Sin embargo, los hechos muestran una autoridad que llega tarde, reacciona con lentitud y rara vez comunica con claridad qué falló, quién es responsable y qué sanciones se aplicaron.
Dos Bocas no es un caso aislado. El derrame en el Golfo de México que afectó costas de Veracruz y Tabasco, las explosiones bajo investigación en Tamaulipas y Querétaro, y las fugas registradas en otros estados apuntan a un mismo problema, una supervisión fragmentada y una vigilancia que no ha logrado reducir riesgos ni evitar daños recurrentes. En varios de estos episodios, las comunidades reportaron anomalías antes de que intervinieran las autoridades, una señal clara de que los mecanismos de monitoreo no están funcionando.
El problema se agrava cuando se observa el trato desigual entre operadores. Mientras los reflectores se colocan sobre Pemex, la actuación de empresas privadas en el sector energético permanece prácticamente fuera del debate público. Casos como el de la francesa Engie, que dirige Brice Clemente, con infraestructura y operaciones relevantes en México, evidencian esa omisión.
No se trata de imputar responsabilidades sin resoluciones formales, sino de señalar que la falta de información sobre inspecciones, hallazgos y medidas correctivas alimenta la percepción de una regulación selectiva. La inacción también es una forma de decisión.
La constante rotación en la dirección de la ASEA no ha ayudado. Tres cambios en un mes reflejan una institución más ocupada en administrar crisis internas que en fortalecer su capacidad técnica. Mientras tanto, los planes de manejo de riesgos siguen sin traducirse en prevención efectiva y las Manifestaciones de Impacto Ambiental continúan tratándose como requisitos administrativos, no como compromisos operativos.
Y YA QUE hablamos de Pemex, le cuento que se anunció la intención de desaparecer la mayoría de sus filiales, ya que la petrolera se convirtió en una estructura fragmentada y costosa de administrar. La intención del gobierno de Claudia Sheinbuam es centralizar para ayudar a ordenar decisiones y reducir capas burocráticas que hoy diluyen responsabilidades, aunque todo corre el riesgo de quedarse en buenas intenciones si no hay claridad sobre tiempos, procesos legales ni sobre qué ocurrirá con contratos, pasivos y obligaciones que viven en esas filiales, aunque se se sabe que se mantendrá a PMI y Fertinal.
NESTLÉ VUELVE A apostar fuerte por el Estado de México y el tamaño de la inversión es de 455 millones de dólares, que serán destinados en plantas y logística. Más allá del anuncio, es notorio que la entidad sigue siendo un nodo industrial clave. La ampliación que realizará la compañía, que dirige Fausto Costa, en Toluca, Cuautitlán y Tepotzotlán confirma que la manufactura alimentaria aún encuentra sentido económico en el Valle de México. El nuevo Cedis en Zumpango, cerca del AIFA, también sugiere que las empresas ya están tomando decisiones logísticas con ese aeropuerto en el radar, aunque su consolidación esté lejos de ser un hecho, esta suma se va al compromiso previo de Nestlé con el Plan México.
PARECE QUE A este gobierno se le da muy bien eso de regular con buena intención, pero sin importar el costo de los efectos secundarios, así lo deja ver la advertencia de ICC México sobre la protección a intérpretes frente a la inteligencia artificial, que es muy necesario, pero hacerlo con redacciones ambiguas puede frenar justo a la industria que se busca cuidar. De acuerdo con la cámara presidida por Claus von Wobeser la sobrecarga administrativa y la falta de claridad jurídica elevan costos y empujan a productoras a mirar otros marcos legales, eso implica menos rodajes, menos inversión y menos trabajo local, por lo que se debe construir un equilibrio entre derechos laborales y viabilidad económica.
SE HIZO LA corrección del padrón de pensiones “doradas” de Pemex. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, ajustó los datos tras recibir información complementaria de la propia Pemex. Se pasó de pensiones supuestamente millonarias a recortes drásticos en cuestión de días lo que de alguna manera mina la credibilidad del discurso anticorrupción. Aunque las cifras corregidas siguen siendo altas frente al ingreso promedio, el error inicial es imperdonable, la transparencia no solo es publicar datos, sino hacerlo con rigor y validación previa. De lo contrario, la información se contamina y la rendición de cuentas se diluye entre correcciones tardías.
