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La administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda atraviesa una tormenta perfecta. Al asedio de las investigaciones federales por lavado de dinero, la revocación de visas estadounidenses y los nexos criminales que rodean a su exesposo, Carlos Torres Torres, se suma ahora una sospecha interna que amenaza con colapsar la poca confianza institucional que queda: la operación de una red de corrupción en la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT).
Bajo el mando del ingeniero Arturo Espinoza Jaramillo, la obra pública en el estado ha dejado de ser una herramienta de desarrollo para convertirse, según denuncias del sector construcción, en un esquema de triangulación de recursos y favoritismo sistémico. Lo que agrava el escenario no es solo el monto de los sobrecostos, sino la percepción generalizada de que Espinoza Jaramillo opera bajo un manto de impunidad tejido por su cercanía con el hoy defenestrado exesposo de la gobernadora.
El “Infiltrado” del Poder de Sombras
Arturo Espinoza Jaramillo no es un rostro nuevo, sino un sobreviviente del viejo régimen panista. Su inserción en el gabinete morenista fue vista, desde 2021, como una pieza estratégica de Carlos Torres Torres. Hoy, con Torres bajo la lupa de las autoridades federales, la permanencia de Espinoza en la SIDURT es interpretada como la continuidad de un grupo que utiliza la infraestructura estatal como caja chica y moneda de cambio política.
La crisis de credibilidad es profunda: la sospecha de que la gobernadora mantiene en el cargo a un funcionario señalado por constructores como “recaudador” o “facilitador” de grupos específicos, sugiere que el poder real en Baja California sigue operando desde las sombras, incluso tras la ruptura personal y política de la pareja gubernamental.
Del Presupuesto al Bolsillo: La Alquimia de los Sobrecostos
La gestión de Espinoza Jaramillo ha perfeccionado la técnica del incremento presupuestal. El caso del puente Casa Blanca–Bulevar 2000 es el ejemplo más obsceno: un salto del 80% en el costo original, pasando de 179 a 378 millones de pesos. Este patrón se repite en el Programa Respira, donde la eficiencia técnica ha sido sustituida por una ingeniería financiera que infla facturas en beneficio de un puñado de empresas predilectas.
Nombres como Cinco Contemporánea, Arca del Pacífico, Constructora Cadena, CONZA y Arrendadora del Colorado del Norte se repiten en las licitaciones, formando un círculo exclusivo que, según fuentes del sector, recibe contratos a cambio de “lealtades” gestionadas por operadores internos.
David Alejandro Pereda: El Engranaje de la Presión
Dentro de la dependencia, los constructores señalan a un personaje clave: David Alejandro Pereda Sáenz, director técnico de inversión. Pereda es descrito como el brazo ejecutor de Espinoza, el encargado de la “sintonía fina” con los empresarios. Las denuncias apuntan a una simulación de competencia donde el ganador está decidido antes de abrirse el sobre, bajo la presión de favorecer a proveedores de insumos vinculados al grupo en el poder.
Un Gobierno Cercado
La corrupción en la SIDURT no es un hecho aislado; es el síntoma de un gobierno debilitado por escándalos de extorsión en aduanas y contrabando de combustibles. La gobernadora Ávila Olmeda se encuentra en una encrucijada: mantener a Espinoza Jaramillo es validar la sospecha de que la estructura de Carlos Torres sigue gobernando la obra pública; destituirlo sería admitir que, debajo de su administración, floreció un sistema de saqueo millonario.
La pregunta en los círculos políticos de Baja California ya no es si hay corrupción en la SIDURT, sino hasta dónde llega la cadena de mando de esa red y cuánto tiempo más podrá el estado soportar el costo de una infraestructura bajo sospecha.
