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El tratamiento fiscal del mezcal volvió al centro del debate público tras el aplazamiento del “Encuentro con el sector mezcalero”, previsto inicialmente para el 4 de agosto en la Cámara de Diputados. Aunque la suspensión fue atribuida a causas de fuerza mayor, la decisión reabre una preocupación recurrente entre productores, comercializadores y comunidades rurales: que la discusión sobre la carga tributaria aplicada a esta industria vuelva a quedar relegada.
Para miles de familias que dependen del cultivo de maguey y de la producción de bebidas tradicionales mexicanas, el tema va mucho más allá de una reunión legislativa. Lo que está en juego es la viabilidad económica de una actividad productiva que genera empleo, preserva conocimientos ancestrales y representa una parte importante de la identidad cultural mexicana.
El aplazamiento genera incertidumbre en el sector
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados informó que el encuentro sería reprogramado hasta nuevo aviso. La decisión fue dada a conocer por instrucciones del diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la comisión, y del diputado Francisco Javier Guízar Macías, coordinador del Grupo de Trabajo sobre el Tratamiento Fiscal de las Bebidas Alcohólicas.
Desde la perspectiva del sector, el problema no es necesariamente el cambio de fecha. Lo que preocupa es que la revisión del esquema fiscal vuelva a postergarse indefinidamente en un momento en el que la industria enfrenta múltiples desafíos, desde la competencia desleal hasta el incremento de costos de producción.
La expectativa entre los productores es que el diálogo institucional avance hacia propuestas concretas que permitan fortalecer a la industria formal y proteger a quienes cumplen con la regulación vigente.
El mezcal es más que una bebida
Detrás de cada botella de mezcal existe una extensa cadena productiva.
El proceso inicia con el cultivo del maguey, una planta que requiere años de maduración antes de poder aprovecharse comercialmente. Posteriormente participan agricultores, maestros mezcaleros, transportistas, comercializadores y pequeños negocios que dependen directa o indirectamente de esta actividad.
Estados como Oaxaca, Guerrero, Durango, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas han encontrado en la industria mezcalera una fuente relevante de desarrollo económico regional.
Por ello, cualquier modificación fiscal tiene efectos que trascienden a las empresas productoras. Impacta en comunidades enteras cuya economía gira alrededor del aprovechamiento sustentable del maguey.
El principal cuestionamiento al sistema tributario
Uno de los argumentos más recurrentes dentro del sector está relacionado con la forma en que actualmente se gravan las bebidas alcohólicas.
Los productores sostienen que el esquema vigente genera distorsiones porque una parte importante de la carga fiscal está asociada al valor comercial del producto. En consecuencia, los mezcales con mayor calidad, certificación, trazabilidad y valor agregado terminan enfrentando una carga tributaria más elevada.
Desde esta óptica, se estaría penalizando precisamente a quienes invierten en procesos artesanales, certificaciones, cumplimiento regulatorio e innovación.
El debate ha cobrado relevancia porque el mezcal ha evolucionado de ser un producto regional a convertirse en un símbolo de exportación con creciente reconocimiento internacional.
Formalidad contra mercado ilegal
Uno de los puntos más sensibles para la industria es la competencia proveniente del mercado informal.
Productores formales argumentan que un incremento en las tasas sin una reforma estructural podría ampliar la diferencia de precios frente a bebidas clandestinas o adulteradas que operan fuera de la ley.
Mientras los productores certificados enfrentan costos regulatorios, verificaciones sanitarias e impuestos, los operadores ilegales suelen evadir estas obligaciones, generando una competencia desigual.
El resultado, señalan diversos actores de la cadena productiva, es una pérdida de competitividad para quienes cumplen con la normatividad.
Además del impacto económico, existe una preocupación relacionada con la salud pública, ya que las bebidas clandestinas pueden representar riesgos para los consumidores al carecer de controles adecuados.
La propuesta de gravar el contenido alcohólico
Dentro de la discusión aparece una alternativa que ha ganado terreno en distintos sectores: gravar las bebidas conforme a la cantidad de alcohol que contienen y no únicamente por su precio.
Quienes respaldan este modelo consideran que permitiría construir un esquema más transparente y equitativo.
La propuesta también busca generar condiciones más homogéneas entre diferentes categorías de bebidas alcohólicas, al tiempo que reduciría distorsiones que actualmente afectan a productos con un fuerte componente artesanal y cultural.
Para los productores de mezcal, esta medida podría convertirse en un mecanismo para fortalecer la formalidad y eliminar incentivos que favorecen al mercado ilegal.
El papel de los legisladores
La atención ahora se concentra en los diputados Carol Antonio Altamirano y Francisco Javier Guízar Macías, quienes han encabezado la apertura de este proceso de diálogo.
Para el sector, la relevancia de ambos legisladores radica en que tienen la posibilidad de convertir una discusión técnica en una propuesta legislativa con impacto real para miles de productores.
Particularmente en Oaxaca, principal entidad productora de mezcal, existe la expectativa de que el debate incorpore la visión de las comunidades rurales y de los pequeños productores que constituyen la base de la industria.
La demanda principal es que las decisiones no se construyan únicamente desde los escritorios de la administración pública, sino incorporando directamente las experiencias de quienes participan diariamente en la actividad mezcalera.
Lo que está en juego para la economía regional
La industria del mezcal se ha consolidado como un importante motor económico para diversas regiones del país.
Su crecimiento ha impulsado actividades relacionadas con el turismo, la gastronomía, las exportaciones y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.
Una política fiscal que favorezca la formalización podría contribuir a incrementar inversiones, fortalecer cadenas de valor y generar mayores ingresos para comunidades rurales.
Por el contrario, una estructura tributaria percibida como injusta podría limitar el crecimiento del sector y reducir los incentivos para operar dentro de la legalidad.
