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En política, pocos nombres generan tantas reacciones encontradas en México como el de Luis Videgaray. Tras su paso por la Secretaría de Hacienda y de Cancillería en el gobierno de Enrique Peña Nieto, parecía haberse retirado a la vida académica. Pero septiembre está lleno de sorpresas y, al parecer, de giros profesionales.
Videgaray está en su era de emprendedor y aparece ahora como cofundador de Brain Co., una startup de inteligencia artificial que levantó 30 millones de dólares en una ronda Serie A, con inversionistas de peso como Brian Armstrong (Coinbase), Patrick Collison (Stripe) y Reid Hoffman (LinkedIn).
Fundada junto a Jared Kushner y Elad Gil, la empresa busca convertirse en el socio de gobiernos y grandes corporativos para implementar soluciones de inteligencia artificial a gran escala. Su propuesta está respaldada por una asociación con OpenAI, lo que le da acceso a algunos de los modelos más avanzados del mercado. En lugar de competir por consumidores, Brain Co. quiere posicionarse en la mesa donde se deciden políticas públicas y estrategias empresariales globales.
Aquí es donde la figura de Videgaray resulta relevante (y polémica). Su experiencia en finanzas y diplomacia lo convierte en un perfil atractivo para una compañía que busca dialogar con instituciones públicas. Sin embargo, no se puede pasar por alto que su carrera política en México quedó marcada por acusaciones de opacidad y decisiones controversiales. Trasladar esa trayectoria a una empresa que pretende ser puente entre inteligencia artificial y gobiernos plantea una pregunta obvia: ¿qué tanto se trata de innovación tecnológica y qué tanto de influencia política reciclada en forma de emprendimiento?
Brain Co., de por sí, debe verse con ojos críticos, no solo por lo que propone sino por el momento en el que lo propone. Hoy por hoy, no hay regulaciones para definir qué es lo que sus clientes potenciales —gobiernos y grandes corporativos— pueden y no pueden hacer con Inteligencia Artificial. Además, los nexos de sus socios con tomadores de decisiones políticas en activo son una bandera roja andando… al menos para las personas cuyos datos serán tratados.
La conexión con Affinity Partners, el fondo de Jared Kushner con más de 4,000 millones de dólares bajo gestión, hace más que evidente la dimensión política del proyecto. El fondo ha sido criticado por posibles conflictos de interés y por operar en un terreno donde las fronteras entre política exterior y negocios privados son difusas. ¿Cuáles serían las implicaciones a largo plazo de este proyecto?
Aquí, regular la IA es crítico. Si compañías como Brain Co. logran instalarse como socios estratégicos de gobiernos antes de que existan marcos claros, el riesgo es que la tecnología se use con criterios poco transparentes y bajo la influencia de actores que responden más a intereses financieros o políticos que al bien público. ¡Qué peligro!
La participación de Videgaray en este enjuague nos hace preguntarnos qué implica que un exfuncionario con conexiones diplomáticas se estrene como empresario en un sector estratégico, sin reglas del juego claras.
Aquí, más allá de la nueva faceta de Videgaray como emprendedor, lo que debe levantar cejas es quién definirá el juego de la IA. Y a quiénes beneficiará. Si la respuesta incluye a exfuncionarios reciclados en empresarios globales, la discusión sobre regulación se vuelve más urgente que nunca.
