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Hay decisiones públicas que no se anuncian en conferencias ni se convierten en tendencia, pero terminan definiendo el fondo de un proyecto país. El Mundial 2026 es una de ellas. Más allá del espectáculo deportivo, existe una arquitectura fiscal que explica cómo se está construyendo esta oportunidad… y quién la financia.
El esquema planteado otorga exenciones fiscales a quienes participen en la organización, operación y aprovechamiento económico del torneo. Esto incluye tanto a actores nacionales como extranjeros involucrados en partidos, eventos relacionados y actividades que generen ingresos alrededor de la competencia. A cambio, se establece un registro detallado ante el SAT: nombres, razones sociales, tipo de participación, ingresos estimados, ubicación de las operaciones. Control, sí; cobro, no necesariamente.
La lógica detrás de este diseño es conocida. La FIFA impone condiciones para elegir sedes, y la flexibilidad fiscal forma parte de ese paquete. Los países compiten por atraer el evento y aceptan reglas que, en otro contexto, resultarían difíciles de justificar. Es una negociación donde el atractivo global pesa más que las particularidades locales.
El problema aparece cuando se contrastan los beneficios esperados con los costos asumidos.
El Mundial promete derrama económica: turismo en niveles récord, consumo inmediato, posicionamiento internacional y actividad en múltiples industrias. Esa expectativa ha sido el principal argumento para respaldar concesiones como las que se describen. Sin embargo, el impacto real no se distribuye de manera uniforme. Hay ganadores claros —sectores vinculados al turismo, servicios y entretenimiento— y hay costos que se diluyen en el aparato público.
Entre esos costos está la renuncia recaudatoria.
Mientras los participantes del evento reciben un tratamiento excepcional, el resto de la economía opera bajo las condiciones habituales. Empresas locales, emprendedores y profesionistas siguen cumpliendo con una carga fiscal completa, sin beneficios comparables. La diferencia no es técnica, es estructural.
Ese contraste plantea una interrogante de fondo: ¿hasta qué punto es sostenible construir grandes eventos sobre esquemas diferenciados que no replican para la economía en su conjunto?
El diseño también deja ver que el Estado busca mantener visibilidad sobre lo que sucede. La obligación de reportar información al SAT revela que no hay una cesión total de control. El gobierno quiere saber quién participa, cuánto gana y cómo se mueve el dinero. Es una vigilancia administrativa que intenta equilibrar la falta de recaudación directa.
Aun así, el equilibrio es frágil.
Porque el verdadero debate no gira en torno a la legalidad de estos acuerdos, sino a su conveniencia. Cada exención implica una decisión sobre prioridades. Cada ingreso que no se cobra es una apuesta a que el beneficio indirecto compensará la ausencia.
México no solo será anfitrión de partidos; será escenario de una operación económica de escala global. Y en ese escenario, lo relevante no es únicamente cuánto dinero entra, sino cómo se captura y cómo se redistribuye.
El Mundial 2026 va a dejar imágenes, cifras récord y una narrativa de éxito. Pero también va a dejar preguntas sobre la manera en que se negocian los compromisos internacionales y sobre quién absorbe el costo de facilitar esos acuerdos.
Porque al final, el espectáculo dura unas semanas. Las decisiones que lo hicieron posible permanecen mucho más tiempo.
