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- El Paquete Económico 2026 propone medidas fiscales invasivas que vulneran la privacidad digital y afectan a la industria tecnológica, como el acceso irrestricto del SAT a plataformas digitales. Además, impone un impuesto del 8% a videojuegos violentos mientras lanza los “Videojuegos del Bienestar”, una iniciativa estatal que parece más propaganda que política pública
- A partir del 1 de octubre, el MTU y el CEP serán obligatorios para transferencias electrónicas en México. Aunque se presentan como medidas antifraude, en realidad permiten una fiscalización más agresiva del contribuyente promedio.
Realidad Aumentada
Adrián Campos
En su afán recaudatorio, el Gobierno de México lanzó un Paquete Económico para 2026 que, lejos de fomentar la innovación o proteger derechos fundamentales, parece diseñado para exprimir a la industria tecnológica y digital, mientras sostiene programas clientelares y populistas que poco aportan al desarrollo del país.
La joya de la corona es la propuesta de adicionar el artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación. Esta medida permitiría al Servicio de Administración Tributaria (SAT) tener acceso irrestricto, permanente y en tiempo real a los sistemas operativos de plataformas digitales.
¿El argumento oficial? Mejorar la eficiencia recaudatoria. ¿La realidad? Una amenaza sin precedentes a la privacidad, la ciberseguridad y la confianza de millones de usuarios.
La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) ya se declaró: esta iniciativa es inconstitucional, antidemocrática y desproporcionada. No existen precedentes en sociedades democráticas que otorguen al gobierno acceso directo a bases de datos privadas.
Además, el esquema es innecesario, ya que las transacciones digitales ya están trazadas por el sistema financiero.
Pepe Merino, al frente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, parece empeñado en convertir a México en un laboratorio de vigilancia digital.
Su colaboración con el SAT para implementar esta medida despierta serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y el debido proceso. ¿Estamos ante el nacimiento de un “sello digital” obligatorio para ciudadanos y empresas?
Pero el absurdo no termina ahí. En un giro tragicómico, recodarán que el gobierno también propuso un impuesto del 8% a los videojuegos violentos, bajo el argumento de proteger a la infancia.
La medida se basa en un estudio de 2012, completamente desactualizado, y afectará tanto a empresas nacionales como extranjeras, sin importar si tienen sede en México.
La industria del gaming, que genera más de 2 mil 300 millones de dólares al año y cuenta con más de 76 millones de jugadores activos en el país, será castigada por una política que mezcla moralismo con oportunismo fiscal.
El gobierno estima recaudar 183 millones de pesos con este nuevo gravamen, pero el costo en innovación, empleo y libertad de expresión será mucho mayor.
Pero aquí viene lo que suena a una verdadera vacilada, el gobierno anunció los “Videojuegos del Bienestar”, una iniciativa para desarrollar títulos educativos que promuevan hábitos saludables y valores positivos.
El secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que estos juegos serán implementados en escuelas y comunidades, como parte de una estrategia para combatir enfermedades crónicas.
¿El problema? Nadie ha visto un prototipo, ni se ha definido una consola, plataforma o estudio responsable.
En redes sociales, los memes no se hicieron esperar: “GTA Bienestar”, “AMLO Kart”, “Call of Bienestar”. La propuesta, más que educativa, parece una estrategia de propaganda encubierta para moldear futuros votantes desde la infancia. Ya hemos visto que a los gobiernos populistas no se les da lo de fabricar ni desarrollar tecnología, solo recuerden al régimen chavista y su celular el Vergatario.
Este paquete fiscal no solo pone en riesgo la inversión y la certidumbre jurídica, también vulnera derechos fundamentales como la privacidad, la protección de datos personales y la libertad de expresión. La facultad de bloquear plataformas que no cumplan con el acceso irrestricto al SAT constituye un mecanismo de censura que ya fue rechazado por el Congreso en el pasado.
La ALAI ha pedido abrir un proceso de diálogo técnico y consulta pública. Es lo mínimo que se puede exigir ante una reforma que amenaza con convertir a México en un Estado de vigilancia digital, donde la fiscalidad se impone sobre los derechos humanos y la innovación tecnológica.
En lugar de perseguir a las plataformas digitales y castigar a los gamers, el gobierno debería enfocarse en construir un ecosistema digital robusto, transparente y respetuoso de las libertades individuales. Porque si el bienestar se mide en impuestos y videojuegos estatales, estamos jugando el peor nivel de todos.
Gemelos Digitales
A partir del 1 de octubre, el gobierno mexicano implementará el MTU y el CEP como nuevos requisitos para transferencias electrónicas. Aunque se venden como medidas antifraude, en realidad representan un paso más hacia la fiscalización masiva de quienes ya cumplen con sus obligaciones fiscales.
El MTU obliga al usuario a establecer un límite de transferencia, y si no lo hace, se le impone uno arbitrario. El CEP, por su parte, documenta cada operación. ¿Protección? Tal vez. ¿Vigilancia? Sin duda.
Esta medida no combate la evasión fiscal estructural ni toca a los grandes defraudadores. En cambio, complica la vida al freelance, al comerciante, al ciudadano común. Se fiscaliza al que ya paga, mientras la economía informal sigue sin regulación efectiva.
El Estado no solo quiere saber cuánto gastas, sino cómo, cuándo y por qué. Y si no lo justificas, podrías quedar fuera del sistema. ¿Estamos ante una nueva era de terrorismo fiscal digital?
