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Los productores de maíz del Bajío mantienen la presión sobre las autoridades federales para obtener mejores condiciones de comercialización, mientras el Gobierno de México busca evitar bloqueos carreteros en Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó a los agricultores a privilegiar el diálogo y evitar afectaciones a la población ante las movilizaciones convocadas para este 17 de noviembre. Los productores demandan mejores precios para el maíz y el trigo, pagos pendientes de ciclos anteriores y mayores apoyos para enfrentar el incremento de los costos de producción.
El Gobierno federal defiende la ruta de la negociación
Durante la conferencia matutina del Ejecutivo federal, Rosa Icela Rodríguez aseguró que existen canales permanentes de comunicación con representantes del sector agrícola y sostuvo que buena parte de las demandas han sido atendidas mediante programas implementados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
La funcionaria explicó que las negociaciones están siendo encabezadas por la dependencia federal responsable del sector agropecuario, con participación del subsecretario César Yáñez y del jefe de la Unidad de Gobierno, Tonatiuh Ramírez, quienes han sostenido reuniones con organizaciones agrícolas.
Las demandas llegan en un momento complejo para el campo
La movilización ocurre mientras productores de maíz enfrentan un entorno presionado por costos de producción elevados, volatilidad de precios y mayores importaciones de granos.
Los agricultores buscan mecanismos que les permitan obtener mejores condiciones de comercialización para sus cosechas, así como la regularización de apoyos y pagos que, aseguran, continúan pendientes de ejercicios anteriores.
El reclamo tiene especial relevancia en estados del Bajío, una de las regiones más importantes para la producción de maíz blanco destinado al consumo nacional.
Segob señala que parte de los reclamos corresponden a los estados
La titular de Gobernación indicó que existe coordinación con los gobiernos de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro para atender los planteamientos de los productores.
Según explicó, parte de las solicitudes presentadas por los agricultores corresponde a facultades y programas administrados por los gobiernos estatales, por lo que algunas soluciones deberán construirse conjuntamente entre autoridades locales y federales.
La funcionaria agregó que las dependencias federales mantienen disposición para revisar casos específicos de productores que consideren no haber recibido apoyos correspondientes a la temporada agrícola actual.
El Gobierno destaca apoyos directos por 26 mil millones de pesos
Uno de los mensajes centrales de la administración federal fue la defensa del esquema de apoyos directos al campo.
Rosa Icela Rodríguez afirmó que los recursos llegan de manera directa a los productores y no a organizaciones o intermediarios. Según detalló, el Gobierno federal destina alrededor de 26 mil millones de pesos a programas de apoyo para el sector agrícola.
La funcionaria sostuvo que cualquier dirigente o representación agrícola puede solicitar reuniones con las dependencias involucradas para revisar sus planteamientos y buscar alternativas de solución.
Los precios y la rentabilidad siguen en el centro del conflicto
Aunque las autoridades insisten en mantener abiertas las mesas de negociación, los productores sostienen que el problema principal sigue siendo la rentabilidad de la actividad agrícola.
Entre sus demandas destacan precios considerados justos para el maíz y el trigo, mayor certidumbre para comercializar las cosechas y apoyos que permitan compensar costos de fertilizantes, combustibles, transporte y otros insumos utilizados en la producción.
La discusión ocurre además en un contexto donde México mantiene una elevada dependencia de importaciones de granos, mientras parte de los productores nacionales reclama mejores mecanismos para fortalecer la producción interna.
