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La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y aseguró que este organismo no bloquea cuentas bancarias de personas o empresarios que no estén vinculados con operaciones de lavado de dinero, luego del reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria aclaró que la resolución del máximo tribunal ratifica criterios previamente establecidos por instancias judiciales, y refuerza la función central de la UIF: prevenir y combatir delitos financieros.
Fallo de la SCJN respalda atribuciones de la UIF
Sheinbaum explicó que la decisión de la SCJN no amplía ni modifica las facultades de la UIF, sino que confirma una práctica histórica del Estado mexicano para frenar recursos de procedencia ilícita.
“La UIF nunca, en la historia, le ha cerrado la cuenta a un empresario que no esté implicado en lavado de dinero”, afirmó la presidenta al referirse a los señalamientos que han surgido tras el fallo judicial.
La presidenta subrayó que la inmovilización de cuentas ha sido una herramienta utilizada durante años como parte de los mecanismos de inteligencia financiera y cooperación interinstitucional, tanto a nivel nacional como internacional.
Congelamiento de cuentas, una medida preventiva
De acuerdo con Sheinbaum, el bloqueo de cuentas no representa una sanción definitiva, sino una medida preventiva que permite detener la dispersión de recursos mientras avanzan las investigaciones correspondientes.
Este mecanismo, explicó, resulta clave para afectar la estructura financiera del crimen organizado, evitando que los recursos presuntamente ilícitos sigan circulando o se oculten mediante operaciones complejas.
En ese contexto, la presidenta reveló que durante su administración se han inmovilizado alrededor de 5,000 millones de pesos presuntamente vinculados con actividades ilegales, como parte de la estrategia integral contra el lavado de dinero.
Rechazo a motivaciones políticas
Sheinbaum fue enfática al descartar que el congelamiento de cuentas tenga motivaciones políticas o se utilice como herramienta de presión contra empresarios o adversarios.
Aseguró que cada procedimiento está sustentado en análisis técnicos, reportes de operaciones inusuales y procesos formales de inteligencia financiera, alineados con estándares internacionales en la materia.
“Son procesos técnicos, no decisiones discrecionales”, reiteró, al insistir en que la UIF actúa con base en información verificable y protocolos establecidos por la ley.
Garantías legales para personas afectadas
La jefa del Ejecutivo también recordó que las personas cuyas cuentas sean congeladas cuentan con mecanismos legales para impugnar la medida, entre ellos el recurso de amparo.
Explicó que, conforme a la legislación vigente, estos procesos deben resolverse en un plazo aproximado de seis meses, lo que permite ofrecer certeza jurídica sin interrumpir el trabajo de las autoridades encargadas de las investigaciones.
Para Sheinbaum, este equilibrio entre prevención financiera y derechos legales demuestra que el sistema no opera de manera arbitraria, sino bajo reglas claras y con supervisión judicial.
