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EN MÉXICO EL sector privado enfrenta una crisis de seguridad que no solo amenaza la integridad de las empresas, sino también la estabilidad económica y social del país.
El reciente informe de México Evalúa, que dirige Mariana Campos, titulado “Empresas Bajo Fuego”, proporciona una visión detallada de esta problemática.
El comercio resalta como el sector más afectado, con una tasa de prevalencia delictiva de 2 mil 780 unidades económicas victimizadas por cada 10 mil, superando el promedio nacional.
Esta cifra no es solo un número: representa la realidad de aproximadamente 1.2 millones de empresas que enfrentan delitos cada año.
La extorsión, el robo y la extracción ilegal de recursos naturales son solo algunas de las amenazas que los negocios deben sortear en nuestro país.
La violencia no solo afecta a las empresas individualmente, sino que tiene un impacto económico colectivo significativo.
Los gastos en seguridad ascendieron a 69 mil 901 millones de pesos, y las pérdidas directas por delitos alcanzaron los 50 mil 341 millones de pesos.
Estos son recursos que podrían haberse invertido en mejorar la productividad y en el crecimiento económico del país.
La investigación destaca la disparidad regional en la prevalencia delictiva, con la zona del Bajío y estados como Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato experimentando las tasas más altas.
Por otro lado, Yucatán se presenta como un modelo a seguir, con la menor tasa de prevalencia delictiva.
Es alarmante que solo 37% de las empresas cuenten con medidas de protección contra la delincuencia, una disminución respecto a 46% en 2019.
Esto subraya la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de seguridad empresarial y de buscar soluciones innovadoras para proteger al sector privado.
Este análisis no solo es un reflejo de la realidad actual, sino también una llamada de atención.
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