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CUANDO SE HABLA del huachicol en México, la imagen recurrente es la de tomas clandestinas, pipas ilegales y ductos perforados. Sin embargo, esa idea se queda corta. Hoy, el mayor problema ya no está solo en el robo de combustibles refinados, sino en el saqueo sistemático de petróleo crudo del sistema nacional. Un delito que no solo socava a Petróleos Mexicanos (Pemex), sino que es parte de una cadena de complicidades y omisiones que atraviesa fronteras.
Las cifras muestran que en 2025 se robaron, en promedio, más de 53 mil barriles diarios de crudo, un incremento cercano al 13% respecto a 2024. Traducido en dinero, el daño asciende a unos mil 200 millones de dólares en un solo año.
No se trata de simples pérdidas, es crudo que sale del país, se procesa en refinerías estadounidenses y vuelve convertido en gasolina y diésel que entran de contrabando. Un negocio circular que opera con una eficiencia que el propio sistema energético nacional ha sido incapaz de replicar.
Lo más inquietante no es solo el volumen del robo, sino su persistencia. Aunque entre 2020 y 2021 el hurto de combustibles mostró una disminución, en los últimos cuatro años el delito ha repuntado con fuerza. Ni el cierre de ductos, ni la militarización de ciertas zonas, ni el discurso de combate frontal lograron contener un fenómeno que, lejos de reducirse, se diversificó. Hoy el crudo también fluye por rutas ilegales.
El impacto va más allá de la petrolera estatal que dirige Víctor Rodríguez, aunque la empresa sigue pagando derechos por el petróleo que nunca llega a vender, las finanzas públicas sí resienten el golpe cuando el contrabando se traduce en evasión de impuestos.
Solo por IEPS e IVA no recaudados, Hacienda dejó de percibir alrededor de 26 mil millones de pesos en 2025. A eso se suman 35 mil millones de pesos en pérdidas directas por combustibles robados. En total, el costo del huachicol, en su versión fiscal y energética, se estima en 123 mil millones de pesos en un año.
No solamente debería preocupar cuánto cuesta el robo, sino en por qué ocurre con tal consistencia. El contrabando de crudo y combustibles no es un delito artesanal; requiere infraestructura, logística, mercado y protección. Mientras esto no se reconozca como un problema estructural y binacional, las cifras seguirán creciendo y Pemex continuará pagando una factura que no generó.
Desgraciadamente es normalizar el saqueo, el robar petróleo ya se volvió parte del modelo, el problema dejó de ser de seguridad y ya, nos guste o no, es problema de Estado.
SIEMENS DECIDIÓ SEGUIR invirtiendo en Querétaro, ahora por mil 300 millones de pesos, mostrando una apuesta industrial de largo plazo, la compañía alemana, que en México dirige Alejandro Preinfalk, concentra capital, tecnología y talento en un solo territorio. Con esto ya suman más de tres mil millones de pesos en un año, muestran la lectura que tienen del entorno productivo mexicano. Querétaro ya es un engrane estratégico, la manufactura que ahí se desarrolla ya no es de ensamble, sino de sistemas complejos vinculados a electrificación y automatización. Los nuevos empleos ique se generan, por su perfil técnico y por lo que arrastran en conocimiento, dan alto valor a los mismos En ese ecosistema, digitalización y sostenibilidad dejan de ser consignas corporativas.
ALEJANDRO DESFASSIAUX, FUNDADOR de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, puso el foco en la formación de mandos policiacos y no en los nombramientos por cercanía política. La creación de la Escuela de Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública busca corregir un vicio estructural. La capacitación iniciada el 14 de abril, con fuerzas federales y civiles, marca un giro relevante. Durante años, los mandos locales han respondido más a lealtades que a resultados. Apostar por ascensos por mérito implica cambiar incentivos y carreras. La idea de una Guardia Nacional que concentre corporaciones locales apunta alto.
EL MENSAJE QUE trajo Jamieson Greer a la Ciudad de México fue directo y poco amable con las expectativas. Estados Unidos ya no concibe el T‑MEC como un instrumento para desmontar aranceles, sino como un marco para administrarlos. En las conversaciones con industriales y autoridades quedó claro que el comercio regional entró en una fase más áspera. Los aranceles dejan de ser una anomalía y pasan a formar parte del paisaje permanente. Para la industria automotriz y siderúrgica mexicana, la renegociación pierde su aura correctiva. Washington habla de apoyo, pero sin compromisos verificables.
EL SUBSECRETARIO DE Salud, Eduardo Clark, colocó el gasto en medicamentos en una dimensión que trasciende la aritmética presupuestal. Cuando el Estado maneja más de 400 mil millones de pesos cada bienio, decide también qué tipo de sistema de salud construye. La señal es clara: ya no basta comprar barato si eso limita el alcance terapéutico. En esa lógica, la relación con farmacéuticas se redefine bajo nuevos términos. El gobierno busca convertir el poder de compra en un instrumento de política industrial y científica. La innovación empieza a justificarse como necesidad pública, no como lujo. Cofepris intenta alinearse a esa visión sin relajar estándares.
