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EL PRECIO DEL diésel se ha convertido en un punto de fricción entre el gobierno federal y el sector gasolinero, y no es por casualidad. En México, este combustible sostiene el movimiento físico de la economía, es el alma de los camiones, tráileres, maquinaria, distribución de alimentos. Cuando el diésel se encarece, casi nada se queda inmóvil.
La advertencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum de que no existe justificación para vender el litro por arriba de los 28 pesos parte de un argumento concreto. El Estado aplica estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para contener el precio y el valor del petróleo mexicano hoy es menor al de meses previos.
Con esos elementos, una escalada sostenida en estaciones de servicio resulta, como mínimo, cuestionable. Así de simplista puede parecer ña visión del segundo piso de la 4T.
El verdadero problema aparece cuando se intenta cerrar el análisis ahí. Parecen olviar que el diésel no es un producto aislado ni completamente doméstico. México continúa dependiendo de importaciones para cubrir una proporción relevante de su consumo.
Eso implica exposición directa a precios internacionales de refinados, costos de transporte, márgenes logísticos y condiciones de oferta que no responden a decisiones locales. El precio del crudo es solo una parte de la ecuación; el del diésel refinado tiene su propia dinámica y suele moverse con más rigidez.
La inflación general puede mostrar moderación, pero los costos reales de mover mercancías siguen creciendo por arriba del promedio. El transporte de carga absorbe incrementos en combustible, refacciones, peajes y financiamiento, y termina trasladándolos de forma parcial o gradual al resto de la economía. Así se forma una inflación silenciosa, menos visible en los índices, pero persistente en precios finales.
La refinación den México opera todavía lejos de su capacidad potencial y la autosuficiencia en diésel es, en el mejor de los casos, incompleta. Mientras esa brecha exista, la referencia internacional seguirá condicionando el mercado interno.
Nada de esto implica validar márgenes excesivos ni discrecionalidad en precios. La supervisión y la revisión fiscal tienen sentido, sobre todo cuando se utilizan recursos públicos para amortiguar costos. Pero reducir el problema a una falta de voluntad empresarial simplifica en exceso una estructura energética que sigue siendo vulnerable.
El precio del diésel funciona como un indicador adelantado del costo de vida que viene en camino. No aparece de inmediato en la canasta básica, pero termina empujando todos sus componentes. Asumir que puede mantenerse bajo solo con presión política es ignorar cómo opera la economía real, en la que no se mide en conferencias, sino en kilómetros recorridos, fletes cobrados y mercancías entregadas.
EL EMPRESARIADO MEXICANO llegó con un mensaje directo a Jamieson Greer: sin mayor integración con Estados Unidos, el T‑MEC pierde sentido práctico. En la antesala de su revisión, los industriales pidieron eliminar aranceles y facilitar el traslado de cadenas productivas desde Asia hacia América del Norte. En CDMX quedó claro que gravámenes como los de la Sección 232 siguen siendo un freno real para el acero y el sector automotriz. Marcelo Ebrard sabe que el calendario aprieta y que el 25 de mayo comienzan las negociaciones de fondo. Si Washington quiere más inversión regional, tendrá que quitar obstáculos. De lo contrario, el discurso del nearshoring seguirá sin traducirse en resultados.
SIGUEN SALIENDO OMISONES en el caso Magnicharters, demostrando que la autoridad aeronáutica llega tarde o no llega. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que dirige Emilio Avendaño García, reconoció problemas financieros en la aerolinea desde enero de este año, pero permitió que suspendiera operaciones de manera abrupta en abril, sin red de contención para trabajadores ni pasajeros. La ley le da herramientas al Estado, como requisición, concurso mercantil, pero no se usaron. Peor aún, los concesionarios desaparecieron del radar. En un sector que opera un bien público, la laxitud regulatoria es un descuido criminal. Y la factura la vuelven a pagar los de siempre.
HAY CAMBIOS EN el gabinete del presidente Donald Trump, se da la salida de Lori Chávez‑DeRemer de la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos. Su renuncia se suma a otras bajas recientes que han tensado la operación del gobierno del magnate neoyorkino. Hay señalamientos sobre conductas inapropiadas y uso indebido de personal, por lo que se exhiben fallas en los filtros y en la supervisión interna. Las salidas se están acumulando, y podrían tener un alto costo institucional.
EL IPN ROMPIÓ el Convenio de Colaboración con la Fundación Politécnico, A. C., que preside Vicente Gutiérrez Camposeco, cuando advirtió que no tenía control real sobre las decisiones ni sobre las aportaciones voluntarias de su comunidad. El caso expone estructuras paralelas que manejan recursos sin contrapesos claros. Más delicado aún es que las becas en el extranjero no dependían del instituto, sino de otro convenio firmado por la Fundación con la Queen Mary University of London, donde, pese a existir una bolsa millonaria, los pagos no llegaron. El Politécnico intenta cerrar esa grieta institucional.
