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A partir de este 9 de enero será obligatorio registrar nuestra línea telefónica, esto mediante nuestros datos datos personales y biométricos, la famosa CURP biométrica, un requisito que será obligatorio en febrero de 2026. El Gobierno sostiene que esta medida fortalecerá la seguridad y reducirá delitos relacionados con extorsión y fraude. Sin embargo, especialistas advierten sobre riesgos serios en materia de proporcionalidad, privacidad y capacidad institucional.
El Registro Nacional y la CURP biométrica como identidad obligatoria
La novedad central de este cambio regulatorio es la creación de un registro nacional en el que cada número telefónico deberá asociarse a una identidad única verificable mediante biométricos.
Según autoridades, el objetivo es asegurar que cada línea pueda rastrearse inequívocamente a su titular. La especialista Gloria Martínez, consejera del Despacho Von Wobeser y Sierra, explica que este cambio vulnera principios internacionales de protección de datos, ya que “se está violentando un principio reconocido internacionalmente: el de proporcionalidad. Si van a recabar información, debe ser necesaria para la finalidad planteada.”
A diferencia del fallido RENAUT, ahora las empresas de telecomunicaciones como Telcel, AT&T o Movistar serán responsables de recabar y validar esos biométricos mediante plataformas conectadas con sistemas gubernamentales operados por la Secretaría de Gobernación y la Agencia de Transformación Digital. Martínez también recordó que la obligatoriedad de la CURP biométrica inicia en febrero de 2026, fecha a partir de la cual toda persona deberá acudir al Renapo para registrar sus biométricos.
Retos operativos y desconfianza social
Aunque todas las líneas actuales tienen un titular legal, esto no resuelve cuestiones prácticas como el uso de teléfonos por parte de menores de edad o empleados con líneas corporativas. La captura, transferencia y almacenamiento de biométricos de millones de personas requiere infraestructura avanzada que hoy no está garantizada
Además, existen antecedentes recientes de filtraciones masivas en bases de datos de instituciones gubernamentales, lo que ha generado fuertes dudas sobre la capacidad real del Estado para proteger información altamente sensible. La resistencia social aumenta ante la posibilidad de que datos biométricos sean mal gestionados o utilizados con fines distintos a los anunciados.
Riesgos ante la vulneración de datos y vacíos en la regulación
Uno de los puntos más preocupantes es la ausencia de una regulación robusta que establezca sanciones claras en caso de filtraciones por parte de empresas o autoridades. La especialista explica que “cuando datos sensibles caen en manos equivocadas, las consecuencias pueden ser graves y de gran alcance. No existen sanciones concretas ni mecanismos de reparación del daño.”
En la actualidad, si una empresa de telecomunicaciones sufre una fuga de datos, solo está obligada a notificar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. No hay multas, ni mecanismos de remediación, ni tampoco obligaciones de reparación hacia los usuarios afectados. Estos vacíos se agravan al recordar filtraciones previas que expusieron datos de policías, funcionarios, estudiantes y ciudadanos, sin que existiera consecuencia legal efectiva.
Implicaciones legales y operativas para usuarios y empresas
Uno de los aspectos más controvertidos es que una línea podría cancelarse si el titular no realiza el registro biométrico. En el caso de menores, los tutores deberán proporcionar sus propios biométricos; y en el caso de empresas, será el representante legal quien deba entregarlos. Esto abre cuestionamientos sobre derechos de terceros y sobre el alcance real del consentimiento.
¿Es viable cumplir el plazo de 2026?
Gloria Martínez advierte que el volumen de usuarios, la dispersión territorial, el rezago tecnológico y la resistencia social hacen poco probable que el registro nacional pueda completarse antes de febrero de 2026. Ya que sin una estrategia logística de escala nacional y una campaña informativa masiva, existe riesgo de que millones de líneas sean suspendidas o canceladas, generando afectaciones económicas y sociales.
El tránsito hacia la obligatoriedad de datos biométricos en la telefonía móvil representa un desafío tecnológico, legal y social para México. Aunque el propósito declarado es combatir delitos y dotar al sistema de mayor certidumbre, persisten dudas sobre la viabilidad del proyecto, la protección real de la información personal y el respeto a principios internacionales de derechos humanos. “La vigilancia ciudadana y la exigencia de transparencia serán fundamentales en este proceso”. Concluyó Gloria Martínez.
