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De acuerdo con las estimaciones más recientes del INEGI, el 55.4% de la población ocupada en México trabaja en condiciones de informalidad. Esto equivale a cerca de 33 millones de personas sin acceso a seguridad social, prestaciones ni contratos formales. No se trata de una cifra menor: es más de la mitad de quienes sostienen la economía nacional, pero lo hacen desde la vulnerabilidad.
¿Dónde están estas personas? En los tianguis, en mercados públicos, en pequeños negocios sin registro, en labores domésticas que sostienen hogares enteros. Son quienes venden productos que muchas veces carecen de procedencia clara, o quienes trabajan sin beneficios que la ley establece. Esta realidad no solo afecta a los trabajadores, también golpea directamente las finanzas públicas.
El impacto fiscal es evidente, pues México recauda apenas el 17.7% del PIB, la cifra más baja entre los países de la OCDE. Con una base tributaria tan reducida, cualquier intento por mejorar salud, educación, infraestructura o seguridad se vuelve casi imposible. ¿Cómo financiar un Estado que necesita más recursos para garantizar bienestar, si más de la mitad de la fuerza laboral está fuera del radar del SAT?
La respuesta no es sencilla, simplificar trámites fiscales es un primer paso, porque hoy cumplir con obligaciones tributarias sigue siendo un dolor de cabeza para quienes se enfrentan por primera vez al sistema. Pero no basta con hacerlo más fácil: hay que generar confianza. El ciudadano debe ver que los impuestos se traducen en mejores servicios, en seguridad, en educación. Sin esa garantía, cualquier esfuerzo será insuficiente.
¿Y si cambiamos el enfoque? Tal vez sea momento de repensar la estructura tributaria. Incrementar impuestos directos es políticamente inviable, pero ¿qué hay de los impuestos al consumo? Un par de puntos adicionales en IVA o IEPS podría ampliar la recaudación sin depender del estatus laboral. Todos consumimos, todos pagamos. Claro, esto también tiene riesgos: afecta a los más vulnerables y puede encarecer productos básicos. Pero es una discusión que no podemos seguir postergando.
Lo que sí es innegable es que debemos reducir la informalidad, aumentar la productividad y garantizar que los recursos se usen con transparencia. Solo así los contribuyentes podrán aceptar el costo de pagar impuestos sin sentir que es dinero perdido. Mientras tanto, la informalidad seguirá siendo el gran obstáculo para el desarrollo económico y social del país.
Miguel Ángel Padrón
