Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 16 segundos
Hace un mes, se dio a conocer que Justino Raúl Muñoz Téllez, Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal del SAT en Querétaro, enfrenta dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción y extorsión. Los denunciantes aseguran que Muñoz Téllez exige “moches” a cambio de resolver trámites fiscales, especialmente en procesos de devolución de impuestos.
¿Por qué no hay postura oficial del SAT ni de Hacienda?
A pesar de la gravedad de las acusaciones, ni el SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagnino, ni la Secretaría de Hacienda, bajo la dirección de Edgar Amador, han emitido una postura oficial. Este silencio institucional ha generado inquietud entre contribuyentes y observadores del sector público.
Un historial de señalamientos: de Aguascalientes a Querétaro
No es la primera vez que Muñoz Téllez es señalado por irregularidades. Durante su gestión en el SAT de Aguascalientes, ya había enfrentado acusaciones similares, lo que derivó en su reubicación a Querétaro. En ambas plazas, se le ha acusado de manejar discrecionalmente las devoluciones fiscales, condicionando el avance de trámites a cambio de beneficios indebidos.
Investigación activa en la FGR
La denuncia por extorsión se encuentra en etapa activa de investigación. La FGR ha comenzado a recopilar información en diversas dependencias federales, lo que indica que el caso está lejos de cerrarse. Los afectados afirman que Muñoz Téllez continúa despachando con normalidad, lo que pone en duda los principios de “No mentir, no robar, no traicionar” promovidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el segundo piso de la Cuarta Transformación.
¿Un patrón de impunidad en el SAT?
Este caso se suma a una serie de escándalos que han sacudido a instituciones públicas en México. Tal como lo documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el modelo de corrupción que hundió a Segalmex ha sido replicado en otras dependencias como Alimentación para el Bienestar, donde se han asignado más de 1,984 millones de pesos a empresas fachada.
La falta de acción por parte del SAT y Hacienda plantea una pregunta incómoda: ¿qué poderoso manto cubre a Muñoz Téllez? ¿Por qué sigue en funciones a pesar de las denuncias y el historial de señalamientos?
