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- La Ley Espía legaliza la vigilancia masiva en México, sin garantías de privacidad ni ciberseguridad. Tu identidad digital, tus movimientos y tus conversaciones, ahora están en manos del Estado… y del Ejército
- ALT+ se lanza como una alianza regional clave para dar voz a operadores independientes de telecomunicaciones en América Latina, impulsando conectividad en zonas desatendidas y promoviendo políticas públicas inclusivas
Realidad Aumentada
Adrián Campos
En un país donde la privacidad ya era frágil, la nueva legislación en materia de telecomunicaciones y seguridad digital ha terminado por dinamitarla. Bajo el argumento de la eficiencia y la seguridad nacional, el gobierno mexicano ha aprobado un marco legal que institucionaliza la vigilancia masiva, sin controles democráticos ni garantías de protección de datos.
El corazón de esta transformación es la Plataforma Llave MX, una herramienta de identidad digital promovida por la Agencia Digital de Innovación Pública, encabezada por el ahora todo poderoso “Zar de las Telecomunicaciones”, José Antonio Peña Merino.
Esta plataforma, vinculada a la CURP biométrica, permite autenticar a los ciudadanos en línea para acceder a servicios públicos y privados. Pero también centraliza información sensible: huellas digitales, reconocimiento facial, historial de trámites, ubicación y más.
Peña Merino ha defendido públicamente que “el gobierno no espía ni censura”, y que Llave MX no permite suplantación de identidad. Sin embargo, y como dicen: entre más explicaciones dan, es porque seguramente es todo lo contrario lo que dice.
Y es que no se ha explicado con claridad quién controla esta información, cómo se audita su uso y qué mecanismos existen para evitar abusos. La Agencia que dirige José Peña no solo diseña la infraestructura digital del Estado, sino que ahora también opera como el nodo central de vigilancia ciudadana, sin contrapesos externos.
Con la nueva ley, el Estado puede saber:
- Dónde estás en tiempo real (gracias a la geolocalización obligatoria de dispositivos móviles).
- Con quién hablas (mediante la retención de metadatos de llamadas y mensajes).
- Dónde te hospedas (por la integración de plataformas de renta con bases de datos oficiales).
- Qué servicios usas, qué compras, qué opinas en redes.
Todo esto sin necesidad de una orden judicial. Y lo más grave: sin garantías de que tus datos no serán filtrados, vendidos o utilizados con fines políticos.
México no cuenta con una infraestructura robusta de ciberseguridad. Las filtraciones de bases de datos gubernamentales han sido constantes en los últimos años. ¿Qué pasará cuando esta megabase de identidad digital sea vulnerada? ¿Quién responderá si se filtran millones de datos biométricos? Hasta ahora, nadie ha ofrecido respuestas claras.
Aunque el discurso oficial insiste en que no hay espionaje, la realidad es que estas reformas se dan en paralelo a la militarización de la Guardia Nacional, que ahora tiene acceso a estas herramientas digitales. La combinación de vigilancia tecnológica con poder militar crea un ecosistema de control sin precedentes.
Y mientras tanto, José Peña Merino y sus huestes concentran el diseño, operación y resguardo de la identidad digital de millones de mexicanos. Un poder inmenso, sin supervisión ciudadana ni transparencia real.
La llamada Ley Espía (aunque en el gobierno pidan no llamarle así) no es solo una amenaza a la privacidad: es una arquitectura de control. La tecnología, en lugar de empoderar a la ciudadanía, se ha convertido en un instrumento de vigilancia. Y lo más preocupante: en manos de un aparato estatal que no ha demostrado capacidad ni voluntad para proteger nuestros datos.
GEMELOS DIGITALES
Durante el Convergencia Show 2025, se presentó la Alianza Latinoamericana de Telecomunicaciones (ALT+), una plataforma que reúne a operadores independientes de telecomunicaciones en América Latina. Su objetivo: fortalecer la representación de quienes conectan comunidades donde los grandes operadores no llegan.
Uno de los impulsores clave de esta iniciativa es Salomón Padilla, vicepresidente de ATIM México, quien destacó que ALT+ nace para dar visibilidad a quienes sostienen redes en zonas desatendidas. Su liderazgo ha sido fundamental para posicionar a los operadores regionales como aliados estratégicos en la expansión de la conectividad rural.
ALT+ promoverá políticas públicas inclusivas, la neutralidad tecnológica y condiciones de competencia justa. Con representantes de Argentina, México y Brasil, la alianza busca convertirse en un interlocutor relevante en debates sobre transformación digital, espectro radioeléctrico y despliegue de infraestructura.
