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- El nuevo padrón móvil nace con vacíos, riesgos y omisiones que revelan más improvisación que política pública. Amenaza con suspender millones de líneas, no prevé sanciones por filtraciones y deja intocadas las eSIMs de viajeros en pleno año mundialista
Realidad Aumentada
Adrián Campos
El Gobierno y la CRT insisten en presentar el registro obligatorio de líneas móviles como un acto de modernización y seguridad nacional, pero el discurso flaquea cuando se revisan los detalles. A partir del 9 de enero de 2026, cada línea deberá estar asociada a una persona física o moral. La idea suena simple; la realidad es un laberinto regulatorio que exhibe más riesgos que certezas.
Las cifras oficiales calculan más de 142 millones de líneas activas y la posibilidad de sumar 70 millones adicionales hacia agosto. En contraste, apenas 427 mil estaban registradas hasta octubre de 2025. No es difícil anticipar el desenlace: millones de usuarios podrían quedarse sin servicio no por desinterés, sino porque el Estado no tiene capacidad operativa para procesar semejante volumen.
La fragilidad del sistema se agrava porque los lineamientos no establecen sanciones ante una filtración. El gobierno solo exige que los operadores notifiquen a la CRT, pero deja sin respuesta la principal pregunta ¿Qué ocurre cuando se vulneran datos de millones de personas en un país con un historial constante de hackeos a fiscalías, universidades y dependencias públicas? Sin castigos claros, cada usuario queda en manos de la suerte y del buen comportamiento de instituciones que no han demostrado solvencia en materia de ciberseguridad.
El discurso de la 4T repite hasta el cansancio que los operadores resguardarán la información y cumplirán con la ley, pero evita mencionar que la validación biométrica se hará conectando directamente con plataformas de Gobernación y RENAPO.
Es decir, los datos pasarán por manos gubernamentales que no han logrado proteger ni bases de datos mucho menos complejas. Lo preocupante no es solo la debilidad tecnológica, sino la intencionalidad política. En un país con instituciones debilitadas, este padrón puede convertirse en un mecanismo silencioso de control poblacional. No hace falta imaginar conspiraciones; basta observar cómo se ha erosionado la independencia de órganos autónomos y cómo se han diluido los contrapesos.
A todo esto se suma un vacío regulatorio difícil de creer, y es que el gobierno obliga a registrar cada SIM física, pero guarda silencio respecto a las eSIMs para viajeros, que permiten conectarse a través de proveedores internacionales sin dejar rastro en sistemas locales.
El hueco es tan obvio que parecería un descuido, aunque ocurre justo en un año en el que México recibirá una oleada de turistas gracias al Mundial. La omisión abre una puerta de escape al propio padrón y demuestra que los lineamientos ni siquiera comprenden la forma moderna en la que opera la telefonía móvil.
Mientras tanto, las empresas deberán invertir más de 4,000 millones de pesos para desarrollar plataformas de registro y validación biométrica. No es dinero que mejore la calidad del servicio, sino una carga regulatoria disfrazada de política de seguridad. Tarde o temprano, estos costos se trasladarán al usuario, que pagará por un sistema que ni lo protege ni lo beneficia.
El resultado es un país obligado a entregar datos personales y biométricos a una estructura que no tiene claro cómo manejar portabilidades, cómo corregir errores, ni cómo evitar que un mismo usuario termine duplicado en bases distintas durante días o semanas.
Un sistema que además amenaza con suspender líneas en masa si no se cumple un calendario que desde ahora luce inalcanzable. Y todo esto sin un marco sólido de ciberseguridad, sin capacidad técnica y sin sanciones que obliguen a las autoridades a proteger aquello que exigirán con la fuerza de la ley.
El padrón nace con el argumento de combatir la extorsión, pero ignora que la mayoría de esos delitos provienen de cárceles controladas por el propio Estado. En cambio, construye un mecanismo que expone al ciudadano, debilita su privacidad y consolida una herramienta de vigilancia que el poder político podrá usar cuando le convenga.
El gobierno promete orden. Lo que está construyendo es un riesgo de proporciones nacionales.
