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LAS LLUVIAS TORRENCIALES que azotaron Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí entre el 6 y el 9 de octubre de 2025, derivadas de los remanentes de los huracanes Raymond y Priscilla, dejaron una estela de destrucción que va más allá de los 70 fallecidos, 72 desaparecidos y más de 300 mil damnificados.
Aunque los análisis económicos nacionales minimizan el impacto por representar apenas el 1% del PIB, el verdadero drama se vive en las economías locales, donde el empleo informal, la agricultura de subsistencia y el turismo rural están en riesgo de colapso.
Según el Departamento de Estudios Económicos de Banamex, los efectos de las inundaciones parecen marginales desde una óptica macroeconómica: una reducción de entre 1 y 6 puntos base en el crecimiento del PIB nacional y hasta 2 puntos base en la inflación.
De acuerdo con el banco dirigido por Manuel Romo esta lectura ignora que los municipios afectados son altamente vulnerables y dependen de actividades económicas frágiles.
En Poza Rica, por ejemplo, el cierre de caminos afecta el transporte de combustibles, mientras que, en la sierra poblana, pequeños productores de café de especialidad han perdido acceso a mercados de exportación.
La pérdida de cultivos como maíz, cítricos y café no solo amenaza la seguridad alimentaria local, sino que también presiona los precios en mercados regionales.
Aunque la sobreproducción de aguacate y limón en Michoacán podría amortiguar el impacto inflacionario a nivel nacional, en las comunidades afectadas la escasez ya se traduce en aumentos de precios y pérdida de ingresos.
El empleo informal, predominante en estas zonas, enfrenta una parálisis que no se refleja en los indicadores oficiales. La falta de redes de protección social agrava la situación, dejando a miles sin sustento ni alternativas inmediatas.
El gobierno federal ha anunciado hasta 16 mil millones de pesos para la reconstrucción, una cifra que podría reactivar la economía regional en 2026, como ocurrió en Guerrero tras el huracán Otis.
Sin embargo, esta estrategia reactiva no sustituye la necesidad de una política preventiva. La creciente frecuencia de eventos climáticos extremos exige inversiones en infraestructura resiliente: drenajes, caminos seguros, albergues y sistemas de alerta temprana.
Los desastres naturales no solo destruyen infraestructura; desarticulan comunidades, rompen cadenas productivas y profundizan la desigualdad.
Es hora de que los análisis económicos incorporen métricas de vulnerabilidad social y resiliencia local. Porque mientras el PIB nacional apenas se inmuta, miles de familias enfrentan una crisis que no se mide en puntos porcentuales, sino en vidas interrumpidas.
LA CÁMARA DE Comercio y Tecnología México-China inicia una nueva etapa con Vicente Roqueñí López al frente. Su gestión priorizará la confianza como activo económico, la legalidad como base de la competencia justa y el bienestar social como fin último. Promete una apertura de alta calidad con China y una lealtad institucional con México, apostando por inversiones responsables, formación de talento y diálogo constructivo.
AEROMÉXICO AFINA SU regreso al mercado bursátil con una oferta pública inicial que podría alcanzar hasta 316 millones de dólares, colocando más del 10% de su capital en México y Estados Unidos. El precio estimado para los ADS oscila entre 18 y 20 dólares, cada uno equivalente a 10 acciones. La aerolínea podría dividir su serie única en tres para cumplir con requisitos legales. Se espera que la colocación ocurra antes de que termine 2025.
LA FINTECH PLATA duplicó su valuación a 3.1 mil millones de dólares tras recibir una inversión global de 250 millones. Con más de dos millones de clientes y mil millones de dólares invertidos en México, la empresa capitaneada por Neri Tollardo refuerza su alianza con TelevisaUnivision y consolida su modelo tecnológico. Su estrategia apunta a construir una institución sólida, eficiente y confiable, con respaldo internacional y visión de largo plazo.
TRAS 12 AÑOS de operación, el Congreso le cantó las golondrinas al IFT y la Cofece, órganos clave en la regulación de telecomunicaciones y competencia económica en México. A partir de ahora, sus funciones serán asumidas por nuevas comisiones dependientes de las secretarías de Estado. El cierre marca un cambio profundo en el modelo institucional, con implicaciones en autonomía regulatoria, vigilancia de mercados y derechos de usuarios. Ambos organismos concluyeron oficialmente sus actividades el viernes.
